¿Gobierno pobre es un pobre gobierno? Tal parece ser la lógica dominante para las administraciones progresistas , abrumadas por el incumplimiento ciudadano de las obligaciones fiscales.

Más preocupadas por atender la inquietud popular que exige disminuir los índices de inseguridad, han realizado una lectura incorrecta de las encuestas. Sin ingresos suficientes para hacer frente al encarecimiento de los productos de la canasta básica y del transporte, muchos contribuyentes han declarado una moratoria del pago de impuestos. En sentido opuesto, muchos gobiernos estatales y locales buscan endurecer su política tributaria.

Allí está el caso del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, quien ha decidido validar el código fiscal elaborado por su secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga, y perseguir a los contribuyentes de la hacienda pública estatal, sin importar que hayan cumplido con el pago de los impuestos. A partir del ejercicio fiscal 2013, la tesorería estatal ejecutará un instrumento coercitivo denominado comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales que podría derivar en el embargo de los deudores.

En esa intentona, Cué Moteagudo cuenta con el aval del Congreso local, que armonizó la Ley de Coordinación Fiscal y el nuevo código fiscal y Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ante la precaria situación que afronta la hacienda oaxaqueña. Y es que, según los legisladores, resulta indispensable orientar decisiones y estrategias para recaudar los recursos que permitan sufragar la promoción y el desarrollo, así como sostener la marcha de las instancias gubernamentales.

En los tiempos de penurias económicas globales, los gobiernos progresistas se resisten a apretarse el cinturón. Allí está el caso de la administración encabezada por Mario López Valdés, otro gobernador aliancista, quien ahora afronta cuestionamientos de la oposición en el Congreso de Sinaloa por haber restringido las partidas presupuestales de los órganos autónomos.

Manuel Cárdenas Fonseca, líder de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, denunció que la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2013 remitida por López Valdés redujo el presupuesto de organismos autónomos, entre ellos, la Universidad Autónoma, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el Consejo Estatal Electoral, que deberá organizar las elecciones intermedias dentro de seis meses. Esa es facultad exclusiva del Legislativo , se quejó.

La Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, propuso un Presupuesto de Egresos que condiciona las participaciones federales e incentivos económicos por colaboración administrativa al cumplimiento de reglas de operación y buenas prácticas, las haciendas locales afrontan problemas para obtener recursos suficientes para el gasto público. En vez de adoptar medidas de racionalidad del gasto y de austeridad presupuestaria, optan por que los contribuyentes garanticen el financiamiento de sus responsabilidades y competencias.

Estados y municipios ahora tratan de obtener ingresos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, de fuentes propias.

Allí está el intento del ayuntamiento de Oaxaca, encabezado por el también aliancista Luis Ugartechea Begué, quien solicitó autorización al Congreso local para ejecutar un incremento de 5% en el impuesto predial, con el fin de no perder poder adquisitivo en la recaudación de impuestos . Los diputados de la Comisión Dictaminadora consideraron improcedente esa petición, habida cuenta de que la inflación no llegará a 5 % en el año que termina, por lo que se estableció una tasa de 3.8 %, que es la más cercana a la que cerrará el 2012. En el marco de esos esfuerzos debe inscribirse la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de instaurar un nuevo cobro, por uso de alumbrado público.

Al margen del tufo porfiriano de esa medida, los operadores manceristas han cabildeado con las fracciones parlamentarias de oposición en la ALDF con argumentos frívolos: dado que la población asume que el cobro de ese servicio corresponde al gobierno peñista -vía la Comisión Federal de Electricidad- ni los legisladores ni la administración capitalina tendrían que pagar por el costo político de esta medida.

En estricto sentido, el Gobierno de la ciudad tampoco pagaría por el retiro del subsidio de la tenencia, pues esa propuesta no forma parte del paquete económico presentado por el secretario de finanzas, Edgar Amador, sino que es una iniciativa del asambleísta del PAN, Héctor Saúl Téllez, presidente de la comisión de Hacienda.

El incremento de impuestos es un juego de suma cero. Es por eso que la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, Esthela Damián Peralta, se ha manifestado en favor de suscribir un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas , para sacar adelante el presupuesto del 2013.

Es necesario escuchar y ser sensibles a las necesidades y planteamientos que han realizado tanto el gobierno del DF como los jefes delegacionales y titulares de órganos autónomos . ¿Falta dinero? Que lo pongan los contribuyentes... Valiente lógica.

Concluido el asueto navideño, los asambleístas tendrán 48 horas para definir la nueva carga impositiva para los habitantes de la Ciudad de México. Si hay acuerdo entre los grupos parlamentarios, el paquete económico estaría aprobado antes del domingo 30 de diciembre.

Cerrado el acceso a los créditos de la banca comercial, por los altos niveles de endeudamiento, ahora los gobiernos estatales y municipales sólo tienen la opción de mejorar su recaudación tributaria. Pero, ¿quieren más impuestos para generar más empleo y desarrollo o para sostener los lujos y las prebendas de una caprichosa clase política?