Al momento de escribir estas líneas, concluye la cuarta ronda en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que se podría describir como un gran logro para México y Canadá, que no han cedido ante las imposiciones de Estados Unidos y han logrado que el proceso de negociación continúe. ¿Qué nos deparan las próximas rondas? No lo sabemos, pero esta coyuntura no hace sino acentuar la necesidad de un análisis a fondo de qué requerimos para acelerar el crecimiento de nuestra economía y traducirlo en bienestar para su población.

Ante una serie de retos que enfrentaba nuestro país, en el 2013 se aprobó un paquete de reformas estructurales diseñadas para atraer más inversión productiva a México. Se esperaba que su implementación incrementaría el crecimiento potencial de la economía mexicana. Sabíamos que se requerían recursos adicionales para impulsar las reformas y el cambio abrupto en los precios del petróleo, entre otras cuestiones, limitó las posibilidades de inversión pública en muchos casos.

Podemos verlo en la inversión en infraestructura. Tenemos evidencia de que infraestructura moderna y suficiente es un factor que marca la diferencia en el desarrollo y nivel de vida de los países en donde está bien implementada. A pesar de ello, México registra el nivel más bajo de inversión en infraestructura en América Latina como porcentaje de su producto interno bruto: 1.6 por ciento. La expectativa de desarrollar más infraestructura a fin de aprovechar nuestra privilegiada localización geográfica y convertir a México en un gran centro logístico global todavía está por alcanzarse.

Aún así hemos seguido creciendo, impulsados principalmente por el consumo interno y las exportaciones. Los cambios estructurales que se lograron principalmente en la parte fiscal, laboral y financiera le dieron resiliencia a nuestra economía. Pero a esta ecuación hay que agregar más factores, además de los económicos, que inciden en atraer capitales. Temas como gobernabilidad, Estado de derecho, inseguridad, y percepción de corrupción e impunidad limitan los beneficios de las reformas particularmente en lo que corresponde a aumentar el atractivo de México como destino de la inversión. En el contexto internacional, de acuerdo con el informe sobre las inversiones en el mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 2017 (UNCTAD, por su sigla en inglés), México ocupa el lugar número 16 como país receptor de Inversión Extranjera Directa. Este mismo documento posiciona a la nuestra como la novena economía más atractiva para invertir en el periodo 2017-2019.

Por todo esto es que el IMEF ha venido analizando desde tiempo atrás los riesgos y oportunidades para la inversión en nuestro país y este año enfoca su 45 convención anual IMEF Business Summit y su máximo trabajo de investigación, la “Ponencia IMEF 2017: Invertir para Transformar a México”, en reflexión, análisis y propuestas de acción para ampliar el horizonte de la inversión productiva en nuestro país.

El programa técnico del evento incluye temas de modernidad como los retos y desafíos de nuestro país hacia el 2030, innovación financiera (fintech), las plataformas electorales rumbo al 2018 y la nueva dinámica de la relación entre México y Estados Unidos, cuya relevancia es obvia. La ponencia aborda tópicos tan diversos como el impacto de la corrupción en el desarrollo así como los retos para impulsar competitividad, productividad e innovación. El primero porque la percepción de corrupción en nuestro país es muy alta, y la percepción de apego al Estado de derecho es muy baja; esto tiene un impacto político y social, pero también un impacto económico. El segundo porque México todavía tiene los menores niveles de productividad en la OCDE, muy por debajo del promedio.

Tenemos mucho terreno por recuperar. En el IMEF estamos comprometidos con el futuro de México y con el pie puesto en el acelerador de la inversión productiva que abone al crecimiento de nuestro país.

* Presidenta del Consejo Directivo Nacional del IMEF