En menos de un mes, he leído los análisis que han realizado bancos como JP Morgan, Barclays y Bank of America, acerca de la deuda de estados y municipios.

Y más allá de los importantes hallazgos expuestos, como el incremento de las obligaciones subnacionales en más de 156% en menos de seis años, o la evidencia de que intermediarios como Interacciones y Multiva son los que han colocado más del 50% de sus créditos entre gobiernos locales, lo que me llama la atención es que los inversionistas están pidiendo análisis sobre este tema.

Me explico. Todos los analistas externos coinciden en que la deuda pública regional no supera los tres puntos del PIB, ni representa más allá del 8% de la deuda gubernamental del país. Que lo que les preocupa es la tendencia en aumento. Y es esa palabra preocupación que se está levantando entre los inversionistas, la que está motivando estas revisiones.

Todos los reportes, coinciden también en que la falta de transparencia en la difusión de datos financieros oportunos es un factor de riesgo. Y aunque no tienen mayores datos sobre la proporción de compromisos de corto plazo que tienen los gobiernos locales, estiman –y ojalá que así sea- que apenas una tercera parte de la deuda pública regional estaría en problemas.

Lo cierto es que los gobiernos locales carecen de un flujo de ingresos libre que les permita satisfacer los requerimientos regionales, pues aunque tienen presupuestos importantes, mucho de ese dinero está etiquetado.

Cuentan con atribuciones legales para cobrar 35 impuestos diferentes y apenas ejercen siete de ellas. Pero en su descargo, hay que recordar que se sujetaron hace años a un pacto fiscal para que fuera la federación la responsable de recaudar y otorgarles una proporción de los recursos periódicamente.

Reforma fiscal y estrictas reglas financieras

Mi conclusión a priori, es que urge URGE una reforma hacendaria que incluya criterios federales para que se garantice el compromiso mutuo de recaudar más, de un modo eficiente y que el gasto local sea prudente. Una regulación que promueva de verdad la transparencia de la información y obligue a las autoridades locales a la difusión oportuna de datos financieros.

Y que los bancos pequeños han encontrado un negocio en grande al extenderles préstamos de corto plazo con la certeza en la mano, de que cuentan con el respaldo de sus presupuestos.

Ahí está el caso de Jalisco, a quien no necesariamente rescató la federación, pero sí le anticipó sus participaciones para responder a pagos incumplidos Con Interacciones.

En fin, que el orden para estabilizar las finanzas públicas locales, hay que imponerlo desde la federación y a nivel bancos

Porque aún cuando no se tiene previsto y el gobierno ha afirmado que no habrá rescate federal para los estados endeudados, Moody´s tiene una estimación de que en el hipotético caso de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, se viera orillado a rescatarles, la deuda pública federal se elevaría a niveles aún manejables, de 30.3% del PIB (esto claro sin incluir pasivos del IPAB ni Pemex)

De mis apuntes

Solo para comentar de pasada, la billonaria demanda que interpuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Standard & Poor´s, por su manejo de calificaciones durante la crisis subprime, fallas en detección oportuna de la crisis hipotecaria y lo que se acumule.

Y no es que sea una blanca paloma la agencia pero ¿por qué la demanda fue girada solo contra S&P? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que ha sido la única que quitó la máxima nota crediticia a EU en reconocimiento a su alto endeudamiento?