La ley establece dos grandes posibilidades para invalidar una elección: que en 25% de las casillas hayan ocurrido algunas de las irregularidades tipificadas en el Código Electoral o la que se conoce como causal de invalidez por violaciones de principios constitucionales .

Andrés Manuel López Obrador, como parte de su estrategia para presentarse como candidato en el 2018, volvió a descalificar la elección y a los ciudadanos que se hicieron responsables de ella. Él, bajo ninguna circunstancia reconocerá su derrota, para aparecer siempre como víctima frente a sus seguidores.

Su primera opción fue anular la elección afirmando, sin pruebas, que había un fraude y éste se podía constatar en las urnas. Exigió, entonces, el recuento de los votos y el IFE ordenó abrir más de 50% de las casillas y se vio, una vez más, que los números del conteo rápido y del PREP coincidían con los del recuento.

El fraude no apareció porque nunca existió, más que como parte de la estrategia del perredista. Ante la evidencia, siempre en el marco de su proyecto para presentarse como candidato por tercera ocasión, optó, entonces, por la segunda de las posibilidades.

Así, ahora está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la demanda de anulación de la elección por la causal de invalidez por violaciones de principios constitucionales . Los denunciantes aseguran que se violentó el proceso con la compra de

5 millones de votos.

La parte acusadora está obligada a demostrar lo que sostiene. Se sabe, se ha ventilado de manera pública entre académicos cercanos a López Obrador, que la denuncia no se acompaña de pruebas para sostener lo dicho y que sólo ofrece elementos como recortes de periódicos o ejemplos de propaganda.

En el supuesto, es prácticamente imposible, de que el TEPJF diera por buenas las pruebas y reconociera que procede la causal, se debería probar, en un segundo paso, que las irregularidades resultan determinantes para explicar la diferencia de los 3.2 millones de votos que separan a Peña Nieto de López Obrador.

Todo indica, a partir de la falta de solidez de las pruebas, que el TEPJF declarará la validez de la elección y el perredista tendrá que acatar su resolución. Si no lo hacen dejarán en claro, otra vez, que recurrir a esta instancia sólo fue parte de su estrategia para justificar la derrota ante sus bases y nunca el someterse al arbitrio de la justicia.

Los gobiernos y los partidos en México, como sucede en todo el mundo, utilizan los programas sociales para congraciarse con los electores y en campaña regalan de todo e incluso ofrecen también dinero por el voto. La manera que el sistema electoral tiene, para neutralizar estas perversas prácticas, es garantizar que el voto sea secreto. Si esto no basta habrá que cambiar la ley electoral. La decisión está en manos del nuevo Congreso.

Twitter:@RubenAguilar