Apenas hace un año, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador delineó la relación de la autoridad fiscal de su gobierno con los contribuyentes, detallando que la misma descansaría en una de absoluta confianza, a grado tal que hasta propuso la desaparición de los inspectores fiscales (El Economista, 22 de octubre del 2018).

En esa misma línea, el senador Monreal presentó una iniciativa legal (actualmente congelada) para no auditar a quienes se inscribieran en un registro de contribuyentes cumplidos. No habría, además, nuevos o mayores impuestos. Todo bien.

Pues bien, esa oferta no contaba con la contrapropuesta de la Secretaría de Hacienda, la que, viendo cómo se estancaba la recaudación al ritmo en que lo hacía la economía, diseñó una serie de medidas para aumentar y crear nuevos impuestos y para endurecer el trato del fisco frente al contribuyente cumplido y sus asesores fiscales.

Retorciendo la interpretación y alcance de esquemas de reportes informativos instrumentados en otros países para informar sobre planeaciones fiscales agresivas, y con una paupérrima sintaxis que dará lugar a lecturas inciertas, el Ejecutivo federal propone reformar el Código Fiscal Federal para introducir una nueva obligación para los asesores fiscales de reportar un sinnúmero de esquemas que, en ciertos casos, resultan incriminatorios de sus clientes en franca violación al secreto profesional y para las empresas autoincriminatorio.

Esta obligación de reporte que incluye la información sobre prácticamente cualquier deducción que reduzca legítimamente la carga fiscal de personas y empresas, viene acompañada de una facultad discrecional para las autoridades fiscales para recaracterizar las operaciones efectuadas por los contribuyentes para convertirlas en operaciones que generen mayores impuestos.

Así, por ejemplo, si una persona dueña de una compañía que es a su vez propietaria de un edificio desea vender el inmueble, al día de hoy el marco legal le otorga la posibilidad de vender las acciones de su empresa (y con ello indirectamente el inmueble), o bien que sea su empresa la que enajene directamente el edificio en cuestión.

Si opta por la venta de acciones, no se causaría el IVA por dicha venta, impuesto que sí se tendría que pagar por la venta directa del inmueble. Esto implica un beneficio fiscal legítimo. Sin embargo, al reportarse la operación, se le estarán otorgando herramientas al fisco para desconocer la venta de las acciones y recaracterizarla como una venta inmobiliaria y cobrar el IVA, más la actualización, recargos y multas que correspondan.

La omisión del reporte por parte del asesor fiscal no libera al contribuyente de hacerlo. La consecuencia de no presentarlo, o hacerlo un día tarde, conlleva una multa de hasta 20 millones de pesos. Esta obligación, además, es la única en toda la legislación fiscal que puede ser revisada sin límite de tiempo hacia el pasado, y la única que no puede corregirse espontáneamente.

Los millones de reportes que inundarán al SAT encarecerán los costos de cumplimiento para los contribuyentes visibles, pues es claro que la economía informal permanecerá intacta por la reforma, como intocables quedarán los “factureros” (que no asesores fiscales), quienes simplemente omitirán el reporte, tal como los lavadores de dinero no reportan que lavan dinero. Todo mal.

@erevillamx

Eduardo Revilla

Profesor Derecho Fiscal ITAM

Recursos Públicos

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Revilla y Álvarez Alcalá, S.C. Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Actualmente es profesor de Derecho Fiscal en el ITAM. Es miembro de la International Fiscal