La Suprema Corte de Justicia de la Nacion avaló a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en su resolución para determinar las tarifas de interconexión entre operadores de telefonía.

En el corto plazo esto implica que la tarifa de interconexión que imperará entre los operadores se ajuste a 39 centavos y que los desacuerdos en materia de interconexión entre operadores -que en su máximo pico llegaron a superar los 40 casos- se resuelvan en breve, es decir, máximo en unos meses, de acuerdo con la expectativa del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Sánchez Henkel.

A la fecha, la información oficial revela que están vigentes 36 juicios contra tarifas de interconexión, la mayoría contra Telcel; además 13 juicios de amparo en el Poder Judicial de la Federación y 23 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo.

De hecho, días antes e incluso horas antes de que la Corte emitiera su resolución, la Cofetel, que preside Mony de Swaan, venía resolviendo diferendos de interconexión al fijar la tarifa en 39 centavos. Esta reducción en la tarifa de interconexión entre operadores, eventualmente se traducirá en una reducción en el precio final a los clientes de los operadores de telefonía celular.

Lo que esperan las autoridades y lo que han asegurado los operadores que venían impugnando la suspensión a las resoluciones de la Cofetel, es que al final la disminución en la tarifa de interconexión entre operadores debe traducirse en una reducción en las tarifas a los consumidores.

La comisión antimonopolios, que preside Eduardo Pérez Motta, calcula que los ahorros para los consumidores finales del servicio de telefonía móvil rondarían los 70,000 millones de pesos, en virtud de la reducción de la tarifa de interconexión.

Sin embargo, lo cierto es que la reducción en las tarifas a los consumidores no será de la noche a la mañana y no será exactamente en la misma proporción en la que se está reduciendo la tarifa de interconexión entre operadores.

El impacto a la baja hacia los clientes de las empresas de telefonía móvil se dará en virtud de la competencia entre operadores y será gradual.

Ayer, por mayoría, en una votación de seis ministros en favor y cuatro en contra -de un total de 10, pues uno de ellos se excusó de participar-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no procede la suspensión en juicio de amparo, dictada por juez alguno, en contra de las resoluciones del órgano regulador para fijar una tarifa de interconexión, como consecuencia de desacuerdo­ entre los operadores.

En otras palabras, la Corte resolvió que la fijación de la tarifa de interconexión sí genera una afectación al interés social y se contravienen disposiciones de orden pública.

En consecuencia, avaló las resoluciones de la Cofetel y de la SCT como resoluciones finales ante diferendos irresueltos entre operadores.

Con la resolución, la Corte define un criterio que marca un parteaguas en el negocio de las telecomunicaciones en México, cuyo valor asciende a alrededor de 22,000 millones de dólares, considerando Internet, telefonía móvil, fija y televisión, según cálculos conservadores.

Es un parteaguas porque, a partir de ahora, todos los tribunales del país deben ceñirse al criterio que definió el máximo tribunal de justicia del país y no podrán ordenar suspensiones frente a las resoluciones que ordene la Cofetel.

No obstante, esto no quiere decir que los operadores están impedidos de recurrir a los tribunales para impugnar medidas administrativas que, desde su punto de vista, vulneren sus derechos y garantías.

De hecho, una sentencia definitiva puede revocar la resolución de la Cofetel si ésta viola las garantías de la empresa inconforme.

Por lo pronto, los competidores de la empresa de telefonía móvil más importante del país, ayer estaban que brincaban de gusto cuando se definió la votación de seis ministros en contra de la suspensión y cuatro en favor.

Lo deseable es que efectivamente la resolución de la Corte detone la competencia y se beneficien los consumidores finales. A ver.

CUENTOS VERAS

Entre las empresas aseguradoras del país hay una enorme inquietud porque el gobierno mexicano impulse la iniciativa de ley de instituciones de seguros y fianzas que permitiría cumplir con la normatividad internacional, pero sobre todo porque permitiría impulsar en una mayor penetración de la industria aseguradora como proporción del Producto Interno Bruto.

El presidente entrante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Fernando Solís, está muy optimista por la receptividad que observa en el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, respecto de la iniciativa de ley y la posibilidad de que la empuje, en la Cámara de Diputados, en septiembre próximo.