El lunes, el recientemente nombrado Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, anunció, sin darle mucha importancia, la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. La noticia fue soltada de pasada, así, como algo irrelevante, en un foro que nada tenía que ver con las comunicaciones o las tecnologías de la información. Pocas horas después, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un comunicado de prensa muy suyo, muy de cuarta, que decía, en pocas palabras, que Salma Jalife seguiría trabajando en la SCT, pero ya no como subsecretaria, porque esa plaza desaparecía, pero que todas las funciones de la subsecretaría se mantienen en la SCT; es decir, sí pero no. Ya no habrá subsecretaria, pero sí habrá Salma Jalife; ya no habrá subsecretaría, pero sí todas sus funciones y atribuciones. No entendí nada, aunque debo reconocer que llevo como 22 meses sin entender nada.

¡Mi escaso entendimiento de la transformación luminosa de la patria es irrelevante! Soy nadie, diría Ulises. Lo que me preocupa es que el señor secretario, tan vanguardista, quizá no tenga claro para qué servía la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Ya ve usted que la esperanza de México a veces se confunde y le pide al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que haga cosas que le corresponden a la subsecretaría, o al revés, o de plano legisladores que exhortan a las autoridades a tomar medidas que sólo podrían llevarse a cabo modificando la Constitución y violando decenas de tratados internacionales. En fin.

¡Pues bien, señor secretario, la subsecretaría que en acatamiento de instrucciones de nuestro amado líder tuvo a bien desaparecer era la responsable de la política de telecomunicaciones, y con un empujoncito, pudo haber sido también la encargada de la política digital del gobierno federal. Política y regulación no son lo mismo. La regulación, que corresponde al IFT, tiene como objetivo administrar de manera eficiente recursos escasos del estado (espectro radioeléctrico y posiciones orbitales) y fomentar sectores y mercados en competencia dentro de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Por su parte, la política busca utilizar las herramientas del estado, en asociación con los particulares, para aumentar la cobertura y calidad de los servicios, particularmente en zonas remotas o no atendidas naturalmente por el mercado. De igual manera, la política digital consiste en lograr que los ciudadanos puedan recibir los servicios del gobierno de manera remota a través de una computadora o teléfono inteligente, así como hacer todo tipo de trámites, consultas y pagos, sin necesidad de papel o presencia física.

¡Tanto la cobertura como la digitalización son herramientas indispensables para ser competitivos en el siglo XXI! Aún más, se convierten en un dique contra la corrupción gubernamental, o ¿por qué cree usted que ningún registro público de la propiedad y del comercio en este país está digitalizado y puede ser consultado en línea? Evidentemente, la burocracia corrupta y ciertos abogados y notarios utilizan la falta de certeza de libros y folios para despojar a personas de sus bienes o para extorsionar a incautos. La digitalización y la ciberseguridad harían más en la lucha contra la corrupción que centenares de homilías matutinas de nuestro pastor evangélico que juega a ser liberal. Ya se, señor, hay que ahorrar (para que sigan robando).

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.