México ha sido un alumno distinguido. Ha seguido puntualmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, cuyo objetivo es apoyar a los países a diseñar y poner en práctica una política destinada a disminuir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que afecten al sistema financiero internacional.

En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha tenido un papel clave al aterrizar esta política al sector financiero (los sujetos obligados): bancos, sofomes, sofipos, cooperativas financieras, fondos de inversión, casas de cambio, casas de empeño, etcétera. Ahí ha dedicado tiempo, energía, personal, armadura legal.

En el 2009 creó la vicepresidencia de supervisión de procesos preventivos, enfocada a supervisar en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las principales funciones de la vicepresidencia son alentar y supervisar el cumplimiento de las normas antilavado.

Una de las estrategias que ha desarrollado la CNBV es establecer que cada institución cuente con un oficial de cumplimiento certificado (OFC). Paréntesis. Es tal la influencia estadounidense en esta política que en México tradujeron Compliance Officer por oficial de cumplimiento . Craso error. Oficial en México es un adjetivo, documento ‘oficial’, o un sustantivo, ‘oficial’ de policía, sí, mi ‘oficial’ , pero no es puesto institucional. Debió traducirse como director o responsable de cumplimiento. Dejemos la digresión. El principal problema es que la certificación es igual para cualquiera de los sujetos obligados. El OFC se capacita para todo tipo de institución financiera: no distingue si es un gran banco, fondo de inversión, casa de empeño, unión de crédito, cooperativa financiera...

Este modelo pone parámetros que no corresponden a la diversidad de instituciones que conforman el sistema financiero.

La complejidad de las operaciones, así como su riesgo, requieren capacidades diferentes. La CNBV ha optado por crear una figura altamente especializada para entidades con perfiles absolutamente diferentes.

Esto se hace evidente al constatar el número de candidatos para certificarse que han sido reprobados; ha obligado a la CNBV a aplazar la implementación de la figura del OFC. Para el 2017 se tiene programado certificar a 1,500 OFC. Se espera que la tasa de reprobación sea menor que en el 2016. Aunado a esta política, no puede ignorarse el elevado costo que tiene certificarse para instituciones pequeñas: cursos de preparación entre 12,000 y 20,000 pesos, y el examen poco más de 11,000 pesos.

Mientras que en varios documentos, la CNBV reafirma que el análisis de riesgos debe considerar el tipo de Clientes o Usuarios del Sujeto Obligado, los productos o servicios que brinda, así como sus áreas y estructuras internas, no muestra la misma coherencia en la política de certificación de los OFC.

En resumen, mayor eficiencia y mejor calidad de análisis de riesgo requiere personal especializado que atienda a la naturaleza, tamaño, complejidad y volumen de operación. Esto evitaría la actual rebatinga por OFC, cada vez más cotizados por la escasez. Por tanto, sí OFC pero con certificación específica de acuerdo con la diversidad de entidades financieras.