¿No están cansados de perder constantemente la señal del celular, que sin ningún motivo se corten nuestras llamadas o simplemente no podamos tener acceso a nuestras redes sociales? La reforma de telecomunicaciones ha ayudado a reducir drásticamente las tarifas de telefonías fija y móvil así como el notable incremento de los usuarios de Internet; pero también tiene un claro mandato para abatir el rezago de infraestructura en la materia, rubro en el que ocupamos los últimos lugares de los países que integramos la OCDE, y esa es precisamente la razón por la cual a pesar de pagar datos móviles no tenemos un buen servicio, ni siquiera en lugares tan urbanos como esta Ciudad de México.

La ley de telecomunicaciones, aprobada como parte de las reformas estructurales, prevé que para abatir el gran déficit en infraestructura de telecomunicaciones el Indaabin, ente patrimonial del Estado mexicano, debe poner a disposición de concesionarios, permisionarios y desarrolladores de infraestructura (todos ellos autorizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones) el mayor número de sitios públicos federales, para asegurar el despliegue de antenas, estaciones o torres de telecomunicaciones y radiodifusión.

Es por ello que ayer jueves, con la presencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transporte, se hizo pública la política inmobiliaria que se encargará de este pendiente en la agenda nacional. También se atenderá una de las principales demandas de la Canieti -por cierto, encabezada en su segundo periodo por mi paisano Mario de la Cruz- y la Anatel: contar con una ventanilla única y que ésta asegure los principios de máxima transparencia y agilidad en todo proceso.

Es así como al Indaabin se le asigna una nueva encomienda, ahora como secretario técnico, para vigilar, en coordinación con varias dependencias del gobierno federal, la implementación de toda esta estrategia, bajo óptimas condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación, para que los inmuebles aptos para este proyecto estén disponibles, a través de una plataforma tecnológica que le dará tracto en línea a toda la gestión administrativa.

El patrimonio inmobiliario federal es vasto y complejo, se integra por más de 100,000 inmuebles, destacando los usados para el culto religioso, instalaciones, terrenos, puertos fronterizos y oficinas administrativas; de éstos, se pondrán a disposición más de 10,500, algunos ubicados en lugares donde actualmente no existe infraestructura o se requiere incrementarla para mejorar la calidad de los servicios. Vale la pena mencionar que la contraprestación estará determinada por un tabulador de arrendamientos, en congruencia con la práctica internacional de la industria; dicho sea de paso, en esta ocasión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prefirió optar por una política de incentivo a los inversionistas más que por una recaudatoria, para generar mayor calidad a bajo precio, que eventualmente deberá verse reflejado en el bolsillo de los ciudadanos.

Últimamente se han cuestionado los resultados de las reformas impulsadas por el actual gobierno, pero la del sector telecomunicaciones ha mostrado irrefutablemente beneficios en el corto plazo; aunque el trabajo por hacer es aún significativo, la perspectiva de crecimiento económico en este sector es alentadora.

Por tanto, reconozco que este relevante proyecto no sólo promueve la inclusión de forma indiscriminatoria, sino que además brindará conectividad a la sociedad con mayor calidad y a bajo precio. Enhorabuena a todos los promotores de esta novedosa política, a la industria que ha participado activamente, y principalmente a los ciudadanos, ya que un México conectado es un México competitivo, y eso es lo que necesita el México posible que todos anhelamos. ¡Hasta nuestro próximo encuentro!

*Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A.C.