Seguramente hay muchos como ellos. Pero al menos un centenar mexicanos radicados en distintos puntos de Estados Unidos acudieron a los tribunales después de que el IFE se negara a aceptar su inscripción en el listado de electores habilitados para los próximos comicios presidenciales.

Entre enero y febrero llegaron las demandas, por vía postal, a la Unidad para el Registro de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Registro Federal de Electores (RFE). De inmediato, Palmira Tapia Palacios, jefa de esa unidad administrativa, las remitió a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la sala correspondiente a la cuarta circunscripción -comprende los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal- se acumularon 20 peticiones, en el expediente SDF-JDC-0047/2012, promovido por Liborio Reyes Puente.

En todos los casos, el RFE negó la inscripción a la lista nominal porque ninguno de los connacionales radicados en el extranjero cuenta con una credencial para votar con fotografía actualizada.

Al imponérseme ese requisito, no establecido en la Constitución, y al no expedirse la credencial de elector en mi lugar de residencia, se viola el artículo 133, pues (el IFE) realiza una restricción indebida de mi derecho político-electoral de votar , estableció el quejoso, la situación de que me encuentre fuera de mi país, lo que implica la imposibilidad financiera de obtener mi documento o credencial para votar, no puede impedirme ejercer ese derecho en las elecciones próximas. De tal suerte que, la restricción a que soy sujeto, implica ponerme en la categoría de un ciudadano de segunda, pues estoy en el extranjero y no cuento con dinero para poder trasladarme a una ciudad en mi país y solicitar la credencial de elector. Esto implica ser discriminado por mi situación de migrante y por no tener recursos económicos para poder pagar un viaje de regreso a México .

Las demandas fueron estudiadas a fondo por los magistrados de la Sala Regional. La ponencia estuvo a cargo del magistrado Eduardo Arana Miraval, quien estimó que los mexicanos -dentro y fuera del país- están obligados a contar con credencial para votar con fotografía, así como un registro ante el IFE constituye una restricción válida y justificada al derecho al voto activo en el caso de los residentes en el extranjero.

En contraste, el magistrado presidente, Roberto Martínez Espinosa, quien consideró que ambos requisitos son de carácter instrumental y sumamente gravosos para los connacionales que tuvieron que migrar.

Si con elementos diversos se puede constatar que se cumple con los requisitos para integrar dicha lista, en aras de maximizar el derecho al sufragio, se debe permitir a los ciudadanos votar e incluso, en su oportunidad, incorporarlos a los instrumentos registrales ordinarios , indicó.

Al final, las demandas de los migrantes fueron declaradas infundadas. La misma suerte corrió Lina María Hoyos Ordoñez, mexicana por naturalización, quien inició los trámites para obtener su credencial para votar, pero el Instituto Nacional de Migración no le entregó a tiempo su carta de naturalización.

Se debe considerar que la dilación en resolver sobre la naturalización de la actora no puede depararle perjuicio, máxime que la promovente no podía iniciar con el trámite antes de contar con tal documento; en ese sentido, aplicar la regla general la deja en total estado de indefensión , consideró Martínez Espinosa. Sus compañeros magistrados opinaron lo contrario y ratificaron la resolución del IFE.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿MANO NEGRA? Una silueta con el rostro del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Una lista con recomendaciones para manifestaciones callejeras. Y un correo electrónico llamado marcha antiEPN . Con esos elementos, funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, sostuvieron que hay injerencia de operadores extranjeros en el movimiento estudiantil. Tomaron la información de las redes sociales y reportaron a sus superiores que se había activado un plan orquestado para afectar al puntero en la contienda presidencial. La operación antiEPN -sostuvieron- es similar al plan Ave Azul , supuestamente ejecutado por el PAN en los procesos electorales federales, por lo menos desde hace tres lustros. Estos deschavetados reportes y otras acciones más irresponsables -como la agresión contra los jóvenes antipeñistas en Córdoba, Veracruz- llevaron a la destitución de Juan de Dios Sánchez Abreu como responsable del área de gobierno de la administración veracruzana. No obstante, se extienden las versiones sobre la participación de personajes foráneos en las campañas electorales en curso. ¿De quién es la mano que mece la cuna de los enojados , los jóvenes que tomaron las calles para repudiar al abanderado priísta y a las televisoras? Inicialmente, algunos líderes priístas pusieron la lupa sobre dirigentes estudiantiles pro panistas, a la luz del proselitismo que María José Ocampo, la hija mayor de la panista Josefina Vázquez Mota, ha realizado en universidades privadas. Pero las pistas más sólidas se enfilan hacia el excandidato presidencial chileno, Marco Enríquez-Ominami, quien estuvo en México justo en el periodo en el que surgió el movimiento #YoSoy132. El político sudamericano es un visitante frecuente de Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del DF, al que asesoró para construir la agrupación Equidad y Progreso.