La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió ya el dictamen del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea con respecto al incendio en la guardería ABC de Sonora. La resolución propuesta generó una inmediata adhesión general y, con ella, una enorme presión de académicos, intelectuales y líderes de opinión en favor del dictamen. Después de todo, la idea de señalar oficialmente a funcionarios públicos de primer nivel alimentó una justificada sed de castigo ejemplar.

Muy pocos asumieron una postura crítica o repararon en las serias consecuencias del dictamen, que distorsionaba la naturaleza de la SCJN para convertirla explícitamente en una autoridad política e incluso moral.

Mucho menos se hizo mención de que la facultad indagatoria , prevista desde el texto original de la Constitución de 1917, está relacionada con conductas imputables a jueces y magistrados.

En todo caso, el dictamen colocó nuevamente a la Corte en una posición altamente comprometedora. De haber sido aprobado, se habría dado el insólito antecedente de convertir a nuestro máximo tribunal en autoridad suplente del Ministerio Público, del Congreso para la resolución de juicios políticos y hasta de autoridad religiosa que impone deberes morales.

Responsablemente, el pleno de la Corte rechazó tales excesos y, como era previsible, los ministros opositores están sufriendo un fuerte embate mediático y un injustificado desgaste. Desde luego que, ante las dimensiones de la tragedia y, efectivamente, de las graves deficiencias, negligencias y corrupción detrás del funcionamiento de la guardería, la tentación de erigirse en defensor de los niños fallecidos, de los lesionados y de sus familias es enorme.

Éste es el ángulo más delicado de la propuesta Zaldívar: la generación de falsas expectativas para los padres de los bebés muertos y de aquellos que resultaron gravemente heridos.

La intención del ministro Zaldívar de que la Corte actúe allí donde las instituciones han fallado puede ser loable, pero ineficiente e incluso ilegal.

Equivale a hacer justicia por cuenta propia, lo que contraviene expresamente el camino de la ley. Un ministro de la Suprema Corte lo sabe mejor que nadie.

Queda en duda ahora la suerte que correrá esta ingrata facultad. El Senado ya aprobó la reforma constitucional para relevar a la Corte de esta encomienda.

Lo que parece incierto es que, con este antecedente, los diputados se animen a dejarla en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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