El pasado 22 de junio, a propósito de la inauguración de la Reunión de Ministros de Agricultura del Grupo de los 20 (G-20), el presidente francés Nicolás Sarkozy pidió a las naciones emergentes e industrializadas apoyar su propuesta para reducir la volatilidad de los precios de los alimentos a nivel mundial y con ello ayudar a balancear el crecimiento global.

En su discurso precisó que la escalada de precios está poniendo en riesgo la recuperación económica global y llamó a los ministros a llegar a un acuerdo mundial para mejorar la transparencia en la información de los mercados, así como a reforzar la supervisión y endurecer la regulación en los mercados de derivados de commodities agrícolas.

En particular propuso crear una base de datos global de producción e inventarios similar a la que existe para el petróleo. El Mandatario argumentó que la falta de transparencia en la información fomenta la volatilidad.

La llamada del dignatario francés es, sin lugar a dudas, un gran acierto con un alto potencial de éxito en su objetivo en el corto plazo y a un costo razonable, frente a voces que llaman a incrementar la productividad agrícola, propuesta que también abonaría a reducir la variación de precios, pero que requerirían de un tiempo de maduración y costos de inversión elevados (desarrollo de materiales genéticos, capacitación y transferencia tecnológica, por ejemplo).

Desafortunadamente, esta buena idea se enfrenta a un obstáculo no menor. La información en muchos de los casos no existe. Es decir, el problema no es que no se concentre la información a nivel global sino que ni siquiera existe la información a nivel local o país.

En el caso de México, por ejemplo, existen ejercicios de tipo estimativo de inventarios de commodities a partir de la producción obtenida, el saldo de comercio exterior y el consumo aparente; sin embargo, no existe una certeza puntual de las existencias en Almacenes Generales de Depósito, en Bodegas Habilitadas, en Empresas Comercializadoras y Transformadoras, entre otros.

Por lo anterior, es evidente que en el corto plazo una tarea extremadamente urgente en la que deben procurar avances en conjunto el sector agropecuario, autoridades, órganos reguladores y el Poder Legislativo es la elaboración y puesta en operación de ordenamientos que obliguen a estas empresas a reportar de manera puntual, regular y transparente las existencias.

*Edgar Torres Garrido es director de Análisis Económico y Consultoría de FIRA. La opinión es responsabilidad del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA. [email protected]