Ayer, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, informó sobre los avances en la reconstrucción de los inmuebles dañados en los sismos ocurridos los días siete y 19 de septiembre del 2017.

Para empezar, denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregó datos imprecisos que obligaron a la Sedatu a realizar una encuesta en 114 municipios que le permitió determinar que el avance en viviendas reconstruidas era de 21% y no de 29% que presumió el gobierno anterior, que la mayoría de las familias reconstruyeron con recursos propios, que en Chiapas, Morelos y Guerrero la mayoría de las familias recibieron incompletos sus apoyos, y que en Chiapas una de cada tres familias jamás recibió un centavo.

Añadió que la Sedatu, que encabezó Rosario Robles del 27 de agosto del 2015 al 30 de noviembre del 2018, no elaboró un programa que estableciera objetivos y mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en la reconstrucción y que no había datos precisos sobre la magnitud del desastre.

Tal era el desorden que escuelas sin daños fueron clasificadas como afectadas, que escuelas dañadas no fueron así clasificadas o de plano no fueron censadas.

Finalmente denunció que “hubo un escaso y tardío acompañamiento técnico en el tema de la reconstrucción de las viviendas afectadas”.

Lo que ayer dijo Meyer contrasta con lo que Peña presumió el 18 de septiembre del 2018, cuando en un discurso aseguró que su gobierno había entregado 98% de los apoyos comprometidos para la reconstrucción de viviendas a 166,000 familias en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México, que todos los alumnos ya asistían a clases y que los servicios de salud estaban 100% garantizados.

Según lo que ayer señaló Meyer, la ineficiencia, desorden e improvisación caracterizaron las tareas de reconstrucción de la pasada administración.

Le faltó mencionar las acciones de algunos funcionarios que trataron de minimizar la magnitud de la destrucción. Por ejemplo, en Chiapas el entonces secretario de Desarrollo Social (Sedesol) y hoy diputado federal priista, Luis Miranda, ordenó a funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello que redujeran el número de viviendas dañadas.

Tampoco se refirió a los muy probables actos de corrupción en que incurrieron los encargados de manejar los recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción.

En julio pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el gobierno peñista sólo apoyó a 15,373 viviendas de las 60,302 que sufrieron un daño total y que no se sabe cómo se gastaron poco más de 91 millones de pesos que se recibieron del extranjero porque las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores, entonces a cargo de Luis Videgaray y José Antonio Meade, no regularon, coordinaron ni registraron esas donaciones.

La ASF también detectó malos manejos de los recursos destinados a la reconstrucción en la Sedatu, en Bansefi y la Comisión Nacional de Vivienda.

Los responsables de tanto desorden y corrupción aparentemente nunca responderán por lo que hicieron.

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Eduardo Ruiz-Healy

Periodista y productor

Columna invitada

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.