La revocación de la mal llamada megamulta que aplicó la Comisión Federal de Competencia (CFC) a Telcel en canje de cinco compromisos por acciones que, más bien, son obligación del operador, nos deja lugar a una serie de reflexiones.

En primer lugar, pareciera que la autoridad de competencia pretendiera regular el sector de las telecomunicaciones, especialmente, al decir que Telcel deberá entregar al organismo la información necesaria para verificar el cumplimiento de los compromisos, lo que debiera ser atribución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), aunque en realidad éstos sean simplemente que el operador se sujete al marco regulatorio, nada más.

Pero un punto más importante de la gobernanza en las telecomunicaciones que impacta directamente en el bienestar social y de los consumidores se refiere al supuesto ahorro de 6,000 millones de dólares con el que la CFC argumenta la conveniencia de eliminar la sanción. Una reflexión inevitable es que esa supuesta resolución eficaz revela un reconocimiento de la falta de competencia que, a la vez, se deriva de la incapacidad institucional para aplicar el marco legal.

Ese ahorro sugerido por 6,000 millones de pesos, en parte, confirma lo que el operador dominante había negado ante el diagnóstico reciente de la OCDE: que la falta de competencia cuesta al país aproximadamente 10,000 millones de dólares al año. El ofrecimiento de una reducción en tarifas de interconexión en el segmento móvil sólo se refiere a que Telcel comience a acatar la disposición impuesta por la Cofetel en el 2011; dicho sea de paso, ésta fue reforzada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerarse de interés público.

Y como resultado, los operadores no pueden hacer uso de ningún recurso legal para no acatar la reducción a 36 centavos por minuto de estas tarifas en el 2012 y, aunque la CFC haya dispuesto en su tercera condición al operador que deberá desistirse de los litigios en esta materia, de todas formas, es una disposición legal que impuso la máxima autoridad en el país desde el año pasado.

Un punto álgido del asunto es que en ningún momento se habla de los cinco años durante los que fueron cometidas las prácticas monopólicas y que fueron la causa de la multa en primer lugar. Este análisis nos permite hacer una aritmética en reversa que demuestra que, en realidad, se están perdiendo 30,000 millones de pesos por los cinco años durante los cuales se cometió la falta. Y los 6,000 millones de beneficios que argumenta la CFC no serán más que un resultado del efectivo cumplimiento de la ley y, en realidad, quedan sujetos a la voluntad del operador.

Es cierto que una multa nunca es la solución óptima para la sociedad, ya que no devuelve a la población la pérdida, pero sí alinea los incentivos para que los operadores dejen de cometer prácticas anticompetitivas. Al repasar los cinco compromisos ofrecidos por el operador, en primer lugar, está la referida baja en tarifas de interconexión, que es simplemente acatar lo dispuesto por la autoridad. Se habla también de ofrecer un trato equitativo al resto de los operadores para que las tarifas de interconexión no constituyan una barrera de entrada al sector, pero imponer barreras de entrada es de por sí una práctica penalizada por la Ley Federal de Competencia.

Adicionalmente, Telcel debe desistirse de todos los litigios en materia de interconexión, situación que debe cumplir por disposición de la SCJN.

Esto sí será una novedad. El siguiente compromiso obliga a la no discriminación de precios entre las llamadas dentro de la red del operador o hacia la red de otra empresa, precisamente, el punto originario de la multa, al encontrarse evidencia reiterada de prácticas monopólicas por parte de Telcel y que constituye también una violación a la Ley Federal de Competencia.

Finalmente, se compromete Telcel a entregar a la CFC toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones anteriores, aunque ésta es una atribución que corresponde a la Cofetel. ¿Será entonces que, encima de todo, se pretende crear una triple ventanilla en el sector de las telecomunicaciones?

Como resultado, estos cinco compromisos, simplemente, obligan al operador a sujetarse al marco legal y acatar la ley, cosa que debería de haber hecho desde un principio. Además, que Telcel se allane o no a estas disposiciones será algo que podremos ver en sus acciones hacia adelante y, si en el pasado no tuvieron los incentivos para hacerlo, suena bastante ingenuo pensar que lo harán ahora.

Dados estos argumentos, es razonable pensar en dos alternativas: que el sector ha sido nuevamente capturado en su regulación o bien, que la CFC se ha manifestado, abiertamente, incompetente para gestar competencia en las telecomunicaciones mexicanas.