Uno de los principios básicos del accionar humano, que también aplica en el caso de algunos animales (y el ser humano, vale la pena señalarlo, también es un animal) es que el resultado observado depende, en gran medida, del conjunto de incentivos que se enfrenten.

En materia económica, hay una restricción de la cual los agentes económicos todos (individuos, empresas y gobierno) no nos podemos escapar, que es el que los recursos disponibles son limitados y que cuando se desean utilizar para alcanzar un fin u objetivo, éstos se vuelven escasos. De ahí se desprende que dado que los recursos tienen diversos usos posibles es que se vuelve necesario elegir cómo utilizarlos. Siempre que se decide utilizar un recurso en un uso particular se sacrifican otros posibles fines y, por lo mismo, se incurre en un costo de oportunidad, definido como el beneficio (no necesariamente pecuniario) de haber utilizado ese recurso en la segunda mejor opción. De ahí la famosa aseveración: “No existe el almuerzo gratuito”. Dada esta escasez es que los agentes económicos, bajo el supuesto de racionalidad (que no siempre se cumple), buscarán obtener el mayor beneficio posible. Qué, cuándo y cómo elijan dependerá, como se indicó, de los incentivos que reciban, mismos que se derivan del arreglo institucional, particularmente de las reglas del juego, tanto las formales (el marco legal y regulatorio) como las informales (idiosincrasia, cultura, usos y costumbres).

Estamos inmersos en el proceso para elegir a quienes nos gobernarán los siguientes años, principalmente al presidente de la República, así como los senadores y diputados federales. Como en toda campaña política, los diferentes candidatos, particularmente los que aspiran a ser el próximo presidente, ofrecerán (y hasta prometerán) que “de ser favorecidos por el voto popular” (frase favorita entre los políticos mexicanos), harán que la economía crezca a tasas elevadas y sostenidas, que habrá igualdad de oportunidades (y algunos prometerán, inclusive, que habrá igualdad de resultados), que el bienestar de las familias será como nunca antes lo ha sido y que, ahora sí, viviremos en la eterna felicidad. Lo mismo que hemos escuchado cada seis años desde hace varias décadas. El problema, sin embargo, no son las promesas (dado que todos prometen lo mismo) sino cómo materializarlas, es decir, los incentivos.

El desempeño histórico de la economía mexicana ha sido por demás mediocre: a casi 200 años de haberse consumado la Independencia, México es apenas un país de desarrollo medio (la decimosexta economía más grande del mundo, pero en el lugar 77 de entre 188 países en el Índice de Desarrollo Humano estimado por las Naciones Unidas), con una muy elevada disparidad regional en los niveles de desarrollo, con una todavía muy elevada incidencia de pobreza y una muy notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Éste ha sido el resultado de que, históricamente, los incentivos que se han derivado del arreglo institucional no han sido ni los adecuados ni los eficientes, destacando que se ha favorecido la búsqueda y apropiación de rentas en lugar de haber incentivando la acumulación de riqueza en la forma de mayor capital físico y humano con un uso productivo.

Y entonces la pregunta relevante que hacerle a todos los candidatos se centra en cómo alinear los incentivos que se derivan del arreglo institucional con sus promesas de campaña, en particular con el objetivo de mayor crecimiento económico. Prometer mayor gasto público y muchos subsidios es prometer rentas, no generación de riqueza. Ésos no son los incentivos que se requieren.

Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Profesor de Economía, ITAM. Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.