El libro La estafa maestra documenta el ya conocido fraude para desviar cuantiosos recursos públicos principalmente para fines partidistas. La investigación fue realizada por los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste con la que obtuvieron recientemente el Premio de Periodismo Ortega y Gasset.

Se trata de una minuciosa investigación que analizó 73 convenios hechos por 11 dependencias federales (Sedesol, Banobras, Pemex y ocho universidades públicas) para los años 2013 y 2014. En ese entonces, esas dependencias estuvieron a cargo de Robles, del Mazo y Lozoya. Estos convenios eran para proveer servicios directos que, en conjunto, suman 7,670 millones de pesos. De este total, 5,208 millones “terminaron en 150 empresas ilegales y, por tanto, no se cumplió con los servicios”.

El modus operandi de este fraude es relativamente sencillo: una dependencia inventa la prestación de un servicio, éste se le asigna a una universidad pública que, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (AASSP), por ser entidad gubernamental, no requiere de una licitación; ésta subcontrata el servicio con una empresa fantasma y el dinero fluye al uso ilegítimo: parte a campañas políticas y otra fracción a los bolsillos de los funcionarios involucrados. En apariencia, todo queda bien documentado y los funcionarios a la cabeza del fraude están protegidos porque los operadores de los convenios son mandos medios y bajos; ningún secretario o subsecretario firmó documento alguno que lo pudiese incriminar de manera directa. Para encubrir esta estafa a la sombra de la impunidad, intervienen muchos actores en acciones muy bien planeadas y sincronizadas: los funcionarios que dan la orden, los mandos medios de las áreas de presupuesto que elaboran la documentación del supuesto servicio, la cotización, etcétera, y que operarán los pagos, los departamentos de funcionarios de la universidad pública que se involucran en el proceso, las personas que arman a la empresa fantasma, los órganos internos de control y la oficialía mayor de la dependencia que valida la operación.

Lo que de entrada posibilita un esquema como la estafa maestra parte de lo señalado por la Ley de AASSP que faculta legalmente que dos instituciones de gobierno o de Estado celebren contratos entre ellas sin la necesidad de un proceso abierto de concurso por licitación, sino que se da por asignación directa. Combatir estos esquemas requeriría entonces un cambio inmediato a esta ley. Asimismo, como señalan los autores, “la desviación de recursos ha sido la norma y no la excepción en un sistema en el que es más fácil defraudar y quedar impune que cumplir con la ley”.

La lectura de la estafa maestra irrita y enoja por la estela de impunidad que deja y nos lleva a entender por qué hay una animadversión tan extendida en este proceso electoral en contra del PRI. Todos los candidatos deberían leer este libro con atención como una llamada de conciencia de lo que deberán evitar y cambiar en caso de resultar electos.