Históricamente, los individuos encargados de cobrar impuestos, el diezmo o los derechos de paso por ciertas vías, eran los individuos más temidos dentro de las poblaciones, ya que al derivar su ingreso como una proporción de lo recaudado, era de su interés propio maximizar los ingresos.

También, casi al mismo tiempo que surgieron los primeros impuestos y pagos obligatorios a la autoridad, surgieron los evasores, quienes se valen de todo tipo de argumentos para justificar sus acciones, siendo los preferidos la incapacidad de la autoridad para gobernar, los excesos en los gastos de quienes viven de los impuestos y las cantidades que otros muy relacionados sustraen hábilmente de las arcas públicas. Nada nuevo bajo el sol, como podemos ver, excepto que el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad va en proporción directa con el nivel educativo de la misma. Así, en las sociedades más desarrolladas, las personas y empresas simplemente cumplen, aunque es muy común ver que el grado de exigencia de eficacia gubernamental y la transparencia a los gobiernos también son mayores en las sociedades desarrolladas, aun cuando las tasas impositivas sean muy elevadas, comparadas con las que se pagan en otros sitios.

Aquí, en México, padecemos un sistema muy ineficiente tanto para cobrar como para gastar y ejercer el gasto y, por si esto fuera poco, el grado de corrupción y la habilidad para sustraer recursos del erario, así como el número y habilidad de los evasores, son inimaginables.

Aquí, quienes evaden añaden el argumento de la pobreza y la informalidad para justificar su actitud de no pagar a un sistema ineficiente, corrupto y falto de transparencia. En alguna ocasión, cuando se estudiaba el diseño institucional del organismo que cobra impuestos, se pensó en que fuera un organismo privado, cuyos ingresos fueran un porcentaje de lo recaudado, con un incentivo para que en cada ejercicio su eficiencia aumentara, aunque, para lo cuadrados que somos aquí, obviamente, todos los argumentos fueron rechazados y se decidió que fuera un organismo público.

Nunca se han dado cifras ni se darán de su eficiencia, aunque una estimación propia de hace algunos años arrojaba un gasto de 35 centavos por cada peso recaudado, lo cual es un escándalo. Tampoco sabemos a nivel macro, de lo que debería recaudar, cuánto efectivamente lo hace y entre acusaciones y estimaciones, ya nadie pregunta: es una pérdida de tiempo.

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