La contracción económica del 2019 y su tendencia a la baja en el primer trimestre de este año, antes de la llegada del impacto del Covid-19, habían impactado seriamente a las finanzas públicas, en específico a la recaudación fiscal.

Los ingresos fiscales se maquillaron por la continuación de la terrible práctica de retrasar por meses, si no es que por años, las devoluciones de impuestos, aderezada por la imposibilidad -introducida en el 2019- de compensar saldos a favor de manera global.

Durante la pandemia se han perdido cerca de 800,000 empleos registrados ante el IMSS. La salida de esta crisis sanitaria nos recibirá con la peor crisis económica que se recuerde y con millones de mexicanos engrosando las filas de la pobreza. No, no íbamos bien. Íbamos bastante mal, y ahora tardaremos mucho tiempo en regresar a donde nos encontrábamos hace 18 meses.

La caída de ingresos fiscales, debió forzar la reorientación del gasto con medidas anti-cíclicas para apoyar el sostenimiento del aparato productivo y generador de empleo. El gobierno, sin embargo, decidió, no sólo no apoyar la economía de las empresas (como entidades generadoras de empleo) durante la crisis sanitaria, sino que ha anunciado la continuación de las obras emblemáticas de la 4T, el imposible rescate de Pemex (mediante la venta de combustóleo a la CFE) y el fondeo de sus programas clientelares.

Para ello, ha sido necesario buscar dinero hasta por debajo del tapete. Se despidieron a miles de burócratas, se recortaron sueldos y aguinaldos del sector público, se incrementaron y crearon algunos impuestos, se anunció la desaparición de fideicomisos (Fonden incluido), se recortó brutalmente a instituciones educativas (como el CIDE) y se le ha puesto el ojo a los recursos administrados por las Afores. Pero parece que eso no será suficiente. La 4T va –ahora- por castigar la riqueza.

Para ello, el líder del partido Morena (y las dóciles plumas que acompañan a la autodenominada 4T) han señalado que en México deberían establecerse tarifas graduales en el ISR para que pague más quien más gane. Interesante propuesta que, curiosamente, la Ley del ISR ha contemplado desde siempre.

En efecto, la ley vigente contiene una tarifa progresiva de once estratos de ingresos con tasas de 1.92 a 35 por ciento. Es decir, en México paga más quien más ingresos percibe. Ahora bien, si las personas de mayores ingresos deciden convertirse en accionistas de empresas, el ISR se incrementa, pues la ley establece para ellos un impuesto para dividendos de 10 por ciento.

Recordemos que las utilidades de una empresa –descontado 10% de la PTU- se sujeta a una tasa corporativa de 30% y sobre el remanente puede distribuir los dividendos, los que -con la tasa de 10% señalada- equivalen, a nivel del accionista, a un impuesto de 42 por ciento. Con sus dividendos en la bolsa, el consumo de este empresario estará gravado –indirectamente- con el IVA a la tasa de 16 por ciento. Si su riqueza se transforma en automóviles o inmuebles, pagarán los impuestos sobre tenencia, sobre adquisición de inmuebles y, hacia adelante, el impuesto predial.

Debemos –más bien- buscar formas de generar riqueza donde no la hay y no destruir la que existe.

@erevillamx

Eduardo Revilla

Profesor Derecho Fiscal ITAM

Recursos Públicos

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Deloitte México (Impuestos y Servicios Legales). Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Ha sido profesor de Derecho Fiscal por más de 30 años en diversas universidades.