Al cumplirse dos años de la elección que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y tras las críticas del periodismo nacional e internacional, de redes sociales y de miles de ciudadanos en las principales avenidas del país a los resultados deficitarios de la gestión de su Gobierno en materia de seguridad, salud y economía, el presidente sale a su propia defensa con una singular idea: el cobro de una cooperación a cargo de aquellos que lo critiquen de ahora en adelante.

El presidente señaló: “Estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso. Entonces deberían de cooperar en algo. Que sigan atacando ¿no? pero de lo que les pagan —porque es prensa vendida o alquilada— que ayuden en algo, o sea, si son pues, ya no un millón, sino 500,000, que aporten 50,000 para una causa justa, y ya con eso mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando”.

Más allá de la cortapisa a la libertad de prensa, para quienes ejercen el periodismo (blanco principal de su molestia) y a la libertad de expresión, para el resto que manifieste su opinión públicamente, resulta curioso analizar cómo se vería esta contribución en nuestra legislación fiscal.

Supondríamos que se formaría un nuevo cuerpo normativo denominado “Ley del Impuesto a las Críticas Presidenciales”. Serían sujetos y objeto de este impuesto las personas físicas y morales residentes en el país o en el extranjero que, con ánimo de lucro, ejerzan alguna crítica presidencial en periódicos, revistas, libros, cartas abiertas, micrófonos o redes sociales.

El propio ejecutivo determinaría, mediante reglas de carácter general, qué crítica resulta inadecuada, pudiéndola dar a conocer en sus conferencias matutinas. La base gravable sería el monto recibido por el ejercicio de la crítica, sin deducción alguna, y la tasa sería de 10%, sin que en ningún caso el impuesto exceda de 50,000 pesos. En caso de que el crítico en cuestión trabajara para una empresa, el impuesto se pagaría mediante retención y se enteraría mensualmente. El tributo en cuestión no daría lugar a compensación, acreditamiento o devolución alguna. En caso de críticos residentes en el extranjero, el impuesto se enteraría directamente por cada crítica que se ejerza ante el consulado mexicano más cercano o mediante transferencia internacional al Banco del Bienestar.

Quedarían eximidos del impuesto los preguntones a modo de la primera fila de las “mañaneras”, La Jornada (salvo sus “moneros”), el Canal Once y quienes acrediten fehacientemente que sus ataques no son remunerados. Los críticos habrían de presentar un aviso de aumento de obligaciones ante el registro federal de contribuyentes y obtener de las autoridades fiscales la licencia o permiso para manifestarse como tal. Los críticos serían responsables solidarios con sus invitados o entrevistados inconformes del quehacer presidencial. Los fondos recaudados por la tesorería federal serían destinados a una causa justa determinada por el Presupuesto de Egresos de la Federación o por decreto presidencial.

Pese a que resultaría una contribución atractiva para las arcas nacionales, esperamos que esta propuesta no pase de ser una mera y lamentable ocurrencia.

Twitter: @erevillamx

Eduardo Revilla

Profesor Derecho Fiscal ITAM

Recursos Públicos

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Deloitte México (Impuestos y Servicios Legales). Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Ha sido profesor de Derecho Fiscal por más de 30 años en diversas universidades.