Me parece que la contribución del INAI para el fortalecimiento del sistema garante de derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales merece que profundicemos en el tema. Los que participamos dentro del Instituto estamos convencidos de que nuestro cumplimiento puntual robustece al Sistema Nacional de Transparencia que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual conlleva una gran responsabilidad.

No es una chamba, es una exigencia de la sociedad, un encargo del servicio público y un compromiso laboral. El INAI, como cualquier otro organismo, debe funcionar, como un reloj de precisión, pues una sola falla puede generar incumplimiento en sus deberes, de tal suerte que todos, sin excepción, debemos empeñarnos en hacer nuestras tareas cuidadosa y responsablemente.

Dentro de unos días entrará en vigor el servicio civil de carrera; tenemos un código de ética y lineamientos que indican el paso a paso de nuestras funciones y atribuciones. El INAI, cuyo antecedente es el IFAI, se constituyó como organismo autónomo por mandamiento constitucional en el 2014. Nos tocó a siete comisionados, nombrados por el Senado, reorganizar su estructura conforme a la nueva legislación y su nueva naturaleza jurídica. En la primera designación senatorial, los nombramientos recayeron en cuatro varones y tres mujeres; cuatro abogados, dos economistas y un politólogo.

Areli Cano y Ximena Puente fueron designadas por cuatro años; Joel Salas y quien ahora escribe recibimos el encargo por seis años; en tanto que Rosendoevgueni Monterrey y Oscar Guerra fueron nombrados por ocho años y Francisco Javier Acuña por nueve. El pasado mes de marzo terminó la gestión de dos comisionadas cuyo relevo está próximo, las candidaturas para tal fin, en atención a la convocatoria del Senado, corresponden a 18 mujeres y 16 varones quienes ya han sido citados por las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia para que los próximos días 23 y 24 de abril expongan sus programas y, conforme a ello y a su currículum vitae, los senadores seleccionen a quienes ocuparán el cargo ahora por siete años.

La Constitución marca en el Artículo 6° los requisitos para ocupar el cargo que deberá aprobar la Cámara de Senadores. No es requisito tener título de Derecho y las funciones colegiadas permitirán el enriquecimiento que el ejercicio pluridisciplinario representa; sin embargo, considero que la formación jurídica resulta significativa. Éste será mi único comentario sobre el perfil de los próximos comisionados que ya esperamos con verdadera urgencia para continuar con nuestro trabajo en la resolución de los recursos que cada vez resultan más numerosos.

La autonomía constitucional no puede reducirse al nombre, el ejercicio diario institucional requiere que cada comisionado o comisionada, en cada órgano garante del país, tenga impreso en su conciencia, y en su actuar, la relevancia de su imparcialidad y objetividad para cumplir con las obligaciones que el cargo impone. El éxito de la encomienda trasciende en el rescate de la administración pública como la función al servicio del pueblo, lejos de la demagogia, del compromiso político o hasta el servilismo. Las tareas de transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para evitar, evadir y sancionar la corrupción.

Esto resulta, a la vez, un apoyo trascendental para los gobernantes, en tanto que los organismos de transparencia se convierten en instrumentos básicos para vigilar el cumplimiento de los servidores públicos. Las funciones de gobierno abierto son el reflejo de una gobernanza a la altura del siglo XXI que debe atender a una población con otras expectativas, con otros medios de comunicación tecnológicos que hacen indispensable la reforma en las políticas públicas.

Una democracia que permita e induzca a la convivencia pacífica y a un estado de bienestar en que la sociedad civil participe activamente con el respeto que merece. En las nuevas designaciones que la Cámara de Senadores hará en los siguientes días va una responsabilidad de tal importancia que permitirá dejar el recuerdo de una buena gestión de la LXIII Legislatura. Decisión que sólo corresponde a este órgano legislativo, al que, por respeto a la autonomía constitucional, debemos honrar y contener nuestros ánimos por tratar de incidir en la decisión de quienes ostentan una respetable representación social.