La semana pasada pudimos conocer las opiniones formuladas por las principales empresas y especialistas del sector telecomunicaciones respecto de la efectividad de las medidas de preponderancia impuestas a América Móvil, Telmex, Telcel, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, en su carácter de agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones (AEPT). También en mi artículo de la semana pasada señalé que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presenta métricas parciales y sesgadas respecto de la concentración en el sector, ya que omite por completo la medición del tráfico y capacidad de las redes, tal y como lo ordena la Constitución, así como la medición de los ingresos de todos los participantes en el sector, como indican las mejores prácticas internacionales en materia de competencia económica. Asimismo, señalé la negligencia con la que actúa el instituto en sus pretendidas labores de supervisión del cumplimiento de las medidas, que se hace evidente al constatar que a pesar de los cientos de denuncias presentadas por los competidores, no se ha impuesto una sola sanción por los incumplimientos reportados del AEPT. Los documentos presentados en la consulta pública sirven de sustento para mis afirmaciones y pueden ser consultados por cualquiera.

Al momento de escribir este artículo existen 15 opiniones visibles en la página del IFT, de las cuales sólo dos son afines a los intereses del AEPT: una del sindicato de Telmex y otra de Ramiro Tovar, quien presentó su opinión en papel membretado del ITAM, sin tener capacidad alguna para representar a esa institución. Las 13 restantes son críticas ante la actuación del AEPT y la pasividad del IFT para obligar al cumplimiento efectivo de su propia regulación. En el portal del IFT también se encuentra un documento presentado por el AEPT titulado “Convergencia” y que no guarda relación alguna con el objeto de la consulta.

AT&T, Telefónica, Televisa, Megacable y Axtel, entre otros, coinciden en que las medidas asimétricas no han sido eficaces ante la falta de una aplicación efectiva y un seguimiento riguroso, ya que el IFT se conforma con los reportes generados por el propio AEPT sin llevar a cabo acciones de supervisión real del cumplimiento de las medidas en campo. Coinciden también en la absoluta falta de efectividad de la obligación de replicabilidad técnica y económica, así como en el desaseado proceso de aprobación de las tarifas del AEPT, mismo que carece de todo análisis de replicabilidad. Los operadores manifiestan que debe prevalecer la prohibición para que el AEPT preste servicios de televisión, pues de lo contrario se incrementaría gravemente el grado de reconcentración que se ha observado desde que la SCJN eliminó la tarifa de interconexión cero. Por supuesto, señalan que debe mantenerse la obligación de no discriminar entre llamadas dentro de la red del AEPT y aquellas dirigidas a las redes de los competidores, conocida como “efecto club”.

Por su parte, Altán, el operador de la red compartida mayorista, en coincidencia con todos los operadores, señala que debe haber una revisión ex ante de todos los paquetes y tarifas del AEPT, de tal manera que éste no pueda vender servicios a los usuarios finales a un precio inferior a aquel en que vende sus servicios mayoristas a los competidores, tal y como lleva haciéndolo desde hace cinco años en que se implementó la reforma y se creó el IFT. Los operadores CANIETI y ATIM señalan que el acceso a la infraestructura de red del AEPT sigue siendo muy restringido, complejo y oneroso debido a problemas de replicabilidad y pretextos de índole técnica y administrativa. Todos coinciden en que el Sistema Electrónico de Gestión está diseñado para no funcionar, que el IFT debería transferirlo a un tercero independiente y que el AEPT debería utilizarlo en su propia operación y no tener un sistema paralelo que le da una capacidad de respuesta inaccesible para los competidores.

Es claro que el IFT no cumple ni hace cumplir sus propias medidas, tan es así que el sector se está reconcentrando rápidamente, como señala The CIU en su documento, y el AEPT mantiene una cómoda posición que le permite invertir 1/3 de lo que invierte la competencia a pesar de obtener 2/3 de los ingresos totales del sector.

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.