El tema del dinero erogado por los partidos políticos en las pasadas elecciones federales amenaza con volverse una tormenta de impredecibles efectos.

Las recientes resoluciones del IFE en materia de gastos de campaña han mostrado la precariedad del régimen vigente y el fracaso anunciado de un sistema de fiscalización que urge revisar.

PAN y PRD han rechazado la actuación del órgano fiscalizador electoral, acusando un trato diferenciado en beneficio del partido en el poder.

Los ánimos comenzaron a calentarse en días pasados, cuando los consejeros electorales decidieron, en controvertida votación de cinco votos contra cuatro, exonerar al PRI de la sanción prevista por la triangulación de financiamiento electoral a través de tarjetas Monex.

El conflicto se avivó al conocerse que, según el dictamen de la Unidad de Fiscalización del Instituto, sólo la coalición Movimiento Progresista (integrada por PRD, PT y Convergencia) habría rebasado el tope de gastos legales en la campaña de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Lo inverosímil no fue el excedente de gasto de las izquierdas, sino la conclusión oficial de que el PRI habría gastado poco menos del límite legal permitido, mientras que el PAN registraría un importante subejercicio de los recursos disponibles para las campañas electorales.

Ante la reacción generada, el Consejo General del IFE resolvió diferir hasta julio la discusión sobre la multa millonaria propuesta para la coalición PRD-PT-Convergencia.

Ironías aparte, es claro que la autoridad electoral se ha metido en un brete del que no habrá salida airosa. En caso de votar por eximir de sanción a la coalición de izquierda, el IFE estaría descalificando a su propio órgano de fiscalización y su autoridad quedaría en entredicho. Por otro lado, de confirmarse la multa, el Instituto será atacado por parcialidad en su actuación y el descrédito será mayor.

De esta forma, el IFE está nuevamente en el ojo del huracán político. Una autoridad en apuros, permanentemente a merced de los intereses partidistas. Y las pugnas arreciarán en los próximos meses con la renovación de consejeros y el cambio de presidente previsto para fines de año.

Desafortunadamente, el daño no sólo será a la credibilidad del Instituto. Las consecuencias podrían trascender lo electoral si el encono de los partidos de oposición compromete el apoyo de PAN y PRD a la agenda legislativa suscrita en el Pacto por México.

[email protected]