La semana pasada, dediqué mi columna a destacar una característica sumamente importante del mercado latinoamericano de telecomunicaciones: ningún país de la región tiene una regulación perfecta. Para lograrlo, me basé en las numerosas entrevistas a ejecutivos de operadores y reguladores de telecomunicaciones publicadas por Signals Telecom News (www.signalstelecomnews.com) durante los pasados seis meses. Todo esto tenía el objetivo de reiterar una vez más que, contrario a lo que muchos puedan pensar, México no cuenta con la peor regulación de la región y en algunos sectores se le podría incluir entre los líderes de América Latina.

No obstante, fue mi breve comentario sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) el que llevó a un periodista mexicano a preguntarme si realmente pensaba que todo lo referente a este impuesto es negativo y si existían alternativas viables más allá de su derogación total. Mi reacción inmediata fue felicitarlo, pues su olfato investigativo lo había llevado a preguntar que si hay algo más allá del eterno blanco o negro de las telecomunicaciones.

La primera parte de mi respuesta fue mencionarle que precisamente en mi columna de El Economista, Deseo de Navidad: temas a discutir en el 2012 , publicada el pasado 21 de diciembre del 2011, escribí lo siguiente: Medidas impositivas puramente recaudatorias como el IEPS encarecen los servicios de telecomunicaciones ofrecidos a los consumidores. El reto es combinar la recolección de impuestos con la expansión de redes de telecomunicaciones en zonas marginadas del país. Parte de este desafío se desprende de cuán dispuestos estén los operadores privados a masificar los servicios de telecomunicaciones en sus respectivos mercados. Por ejemplo, ¿desaparecería en México la oposición al IEPS si el gobierno anunciara que los fondos recaudados se utilizarían exclusivamente para subsidiar proyectos de telecomunicaciones en zonas que carecen de cualquier tipo de conectividad? .

En esta ocasión, me gustaría agregar una pregunta: ¿cuál sería la reacción del mercado si en lugar de una total derogación del IEPS se implementaran medidas que eximiesen del pago de este impuesto a aquellas personas de bajo poder adquisitivo? Este acercamiento implicaría que las personas de bajos ingresos experimentarían una reducción en sus costos de servicios de telecomunicaciones.

La pregunta en estos momentos sería: ¿estaría el gobierno dispuesto a implantar este esquema impositivo asimétrico? Si la respuesta fuese afirmativa, entonces habría que destacar que la utilización de servicios de telecomunicaciones depende de la adquisición de un aparato que viabilice el acceso, ya sea a telefonía o datos.

Lo anteriormente planteado es algo que ya se ha implementado en varios países, junto con medidas que eximen de impuestos a los computadores y/o teléfonos celulares que no superen un precio establecido por el gobierno. La idea de este conjunto de medidas es minimizar el impacto de la principal barrera de entrada que enfrentan las personas de bajos ingresos que desean utilizar servicios de telecomunicaciones: el precio.

Claro que cualquier iniciativa dependerá del objetivo final que tengan las autoridades. Por ejemplo, recientemente en Brasil el Ministro de Telecomunicaciones sugería que al menos por el periodo navideño se eliminara el impuesto que se cobra a los teléfonos inteligentes (smartphone) y de esta forma acelerar la masificación de estos dispositivos en el mercado. El objetivo es que una mayor cantidad de personas puedan beneficiarse del uso de aplicaciones móviles avanzadas por medio de conexiones 3G. Cabe mencionar que los niveles de penetración móvil en Brasil son superiores a 130%, por lo que el énfasis del gobierno ya no es fomentar nuevas líneas de telefonía, sino impulsar el crecimiento de accesos de banda ancha móvil.

Independientemente de cuál sea la decisión final del gobierno en torno del IEPS -permanencia, derogación parcial o derogación total-, hay algo que es sumamente sencillo de entender y que ni el más feroz defensor de la aplicación de este impuesto a las telecomunicaciones puede negar: el aumento en precio le pega más fuerte a los más pobres.

No puedo dejar de mencionar que la discusión del IEPS se da en un contexto en el que todos los actores del sector en algún momento u otro han llamado por el desarrollo de iniciativas público-privadas para llevar telecomunicaciones a zonas rurales de México. Básicamente, la idea de estas iniciativas es otorgar un subsidio gubernamental que viabilice el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en regiones que de otra forma no generan un retorno de inversión positivo en un periodo razonable. ¿Acaso encarecer los servicios de telecomunicaciones no sería ir en contra del objetivo de este tipo de iniciativas?

*José F. Otero es presidente de Signals Telecom Group.

Twitter: @Jose_F_Otero