El desplazamiento forzado en el mundo ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años. México, inmerso en un conflicto armado semejante a una guerra en muchas zonas, no ha quedado atrás. Más de 329,000 personas han tenido que dejar sus casas y comunidades para salvar la vida. De esto poco o nada se habla, aun cuando forma parte de la crisis de derechos humanos que vivimos.

Por los medios o por películas como Marea Humana de Ai Weiwei, sabemos de las tragedias individuales y colectivas de millones de personas que han tenido que dejar su país para escapar de la guerra, el genocidio o los efectos del cambio climático. Siria, la población Rohingya y regiones africanas son sólo algunos de los ejemplos más conocidos de la emigración forzada. El desplazamiento interno forzado, sin embargo, también ha alcanzado niveles sin precedentes desde la posguerra. Según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a fines del 2016 había en el mundo más de 65 millones de personas desplazadas; de éstas, 22.5 millones eran refugiadas (desplazadas fuera de su país), 40.3 desplazadas internas y 2.8 solicitantes de asilo.

En México, donde no se ha reconocido oficialmente una situación de conflicto armado interno, aproximadamente 319,927 personas vivían o habían vivido desplazamiento forzado, del 2006 al 2017, según el “Informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC”, recién publicado. Continuación del estudio pionero de Laura Rubio (2014), este trabajo documenta 25 episodios de desplazamiento masivo en el 2017 que afectaron a 20,390 personas (60% indígenas) en nueve estados.

Más allá de las cifras, que no incluyen desplazamientos individuales por diversas causas, son impactantes, mas no sorprendentes, las causas: enfrentamientos entre grupos criminales o entre éstos y las fuerzas armadas (Coahuila, Chihuahua, Guerrero...); agresiones de grupos armados a la población civil (800 familias nahuas en Guerrero, por ejemplo); la amenaza de reclutamiento forzado por el crimen organizado (300 familias de Michoacán), violencia comunitaria; conflictos de tierras (5,323 personas desplazadas de Chenalhó-Chalchihuitán); ataques a defensores de bosques y amenazas a la población (Chihuahua), y el desalojo de 47 familias por agentes de la minera canadiense Pan American Silver en Zacatecas.

Estas causas se suman a otras como la intolerancia religiosa que también origina desplazamientos masivos y a las extorsiones, desapariciones y otras manifestaciones de dominación por el terror que ha provocado la huida gradual en zonas de conflicto.

La violencia que han sufrido estas personas, desde amenazas, saqueos, robos, hasta la destrucción de casas, cultivos y negocios, evidencia la inexistencia de garantías a los derechos humanos básicos y la ausencia del Estado —o en algunos casos su colusión— en amplias zonas del país. La falta de protección y apoyo a las personas desplazadas, de las cuales pocas han vuelto a sus comunidades —aun sin garantías— nos habla también de la negligencia criminal de las autoridades. Aunque la actual Ley de Víctimas incluye a las personas desplazadas, las continuas quejas contra la ineficiencia de la CEAV incluso en casos de desaparición son motivo de alarma para quienes defienden los derechos humanos.

El desplazamiento forzado no sólo destruye o desgaja comunidades, rompe la vida cotidiana, obliga a hombres y mujeres a vivir en condiciones de vulnerabilidad y pauperización, despoja a niños y niñas de su infancia, expone a niñas y mujeres a la violencia sexual y al abuso, contribuye al empobrecimiento del presente y del futuro.

Resulta paradójico que en la campaña electoral se enarbole la bandera de los valores y la familia sin mencionar a las familias afectadas por el desplazamiento y la desaparición. Miles y miles han perdido sus hogares o siguen buscando a sus seres queridos. Toca a la ciudadanía exigir políticas concretas contra la violencia que garanticen el derecho de todos a una vida digna, a vivir en paz.

lucia.melgar@gmail.com

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).