Se expidió ayer y hoy entra en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana que tiene por objeto “regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La ley define la austeridad republicana como la “conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Al leer la anterior definición, cualquiera creería que administrar los recursos públicos “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” es propio de los países con un sistema de gobierno republicano presidencialista, como el nuestro. Sin embargo, diversos estudios indican que esto no es cierto.

Por ejemplo, el Índice de Prosperidad Legatum 2018, realizado por el Instituto Legatum, una ONG con sede en Londres, califica la eficiencia de 149 gobiernos nacionales. En los 10 primeros lugares están Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Dinamarca y Alemania.

De estos 10, tres son repúblicas parlamentarias (Finlandia, Suiza y Alemania), mientras que los siete restantes son monarquías constitucionales. Ninguna es una república presidencialista.

Es más, entre los primeros 20 países con gobiernos eficientes sólo aparece una república presidencialista: Estados Unidos, en el lugar 19. México aparece en la posición 82.

En resumen: un gobierno que administra los recursos públicos “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” no necesariamente es republicano y por esto siempre me he opuesto al término “austeridad republicana” creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora utilizado para denominar una ley que simplemente debía haberse llamado “Ley de Austeridad”.

Entre otras cosas, la ley establece qué funcionarios podrán tener secretario particular o chofer, suprime la mayoría de las direcciones generales adjuntas, prohíbe remunerar a “los representantes gremiales en los órganos tripartitos”, limita el tipo de empresa privada en que podrá trabajar un funcionario de mando superior durante 10 años después de dejar su cargo, y hasta prohíbe “asistir al trabajo en estado de ebriedad”.

Su Artículo 6 Transitorio prohíbe que a partir de hoy los expresidentes tengan a su servicio “servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado”. ¿Significa que Felipe Calderón y Vicente Fox ya no contarán con la protección militar que les dio Andrés Manuel en abril pasado?

La nueva Ley de Austeridad, republicana o no, es un buen comienzo. Espero que se cumpla.

Eduardo Ruiz-Healy

Periodista y productor

Columna invitada

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.