El pago de sobornos a servidores públicos será la próxima área gris que deberá atender el naciente Sistema Nacional Anticorrupción. Las pesquisas que avanzan en otras latitudes (Brasil y España, principalmente) y las evidencias expuestas por investigaciones periodísticas, como los Panama Papers, apuntan a Veracruz.

El coordinador de la bancada panista en el Senado, Fernando Herrera, observa con desesperación la negativa del bloque PRI-PVEM para avanzar en la designación del fiscal anticorrupción. El nombramiento de quien castigará a los funcionarios presuntamente sobornados quedó atorado entre la negativa del bloque oficialista de dotarlo de autonomía plena, la postura blanquiazul -quitar el pase automático para que el procurador no se convierta en el fiscal general- y el impasse gubernamental.

Odebrecht puso la mira en la entidad del Golfo aun antes de que Javier Duarte se convirtiera en su gobernador, en el 2010. En el sur, en el clúster Etileno XXI, que se convirtió en el complejo petroquímico más grande de América Latina. Y en toda la entidad, para ejecutar proyectos para la explotación de los cuerpos de agua. Según el Inventario Nacional de Energías Renovables, en los próximos años podrían construirse hasta 145 presas en Veracruz: 45 hidroeléctricas en la cuenca del Papaloapan, 18 en la cuenca del Bobos-Nautla, ocho para la cuenca de La Antigua, seis para la cuenca del Jamapa y 11 para la cuenca de Coatzacoalcos, según el informe.

En el 2013, Odebrecht Ambiental tramitó los permisos locales y federales para instalar una central hidroeléctrica -con una presa de 100 metros de alto y 700 metros de largo que inundaría 440 hectáreas- en el río Los Pescadores, en el municipio La Antigua. Además de garantizar el abasto de agua para 200,000 personas, la planta generadora de la hidroeléctrica -con producir 70 megawatts de capacidad- dotaría de electricidad a 300,000 residentes de la capital veracruzana y sus municipios conurbados.

Pero los pobladores de las 45 comunidades que subsisten del río se opusieron al proyecto. El 20 de enero del 2014, 500 campesinos detuvieron las máquinas de la empresa que hacían trabajos de exploración y procedieron a una clausura simbólica del lugar. Varias personas afines al movimiento llevan 18 meses en campamento permanente de vigilancia en ese lugar.

Ese proyecto quedó suspendido, pero, casi de inmediato, la firma carioca, asociada con Aguas de Barcelona, obtuvo la concesión del servicio de agua potable para los municipios de Veracruz y Medellín. En esas localidades -conurbadas y con alcaldes priistas, a diferencia de Cardel o Boca del Río- radican 900,000 veracruzanos. Después de un intenso cabildeo, el pleno del Congreso local autorizó a los cabildos de esos municipios integrar el Instituto Metropolitano del Agua, que funge como órgano regulador del sistema de agua potable y alcantarillado que fue asignado a Grupo MAS, por 30 años.

Odebrecht llegó a Veracruz a mediados del sexenio de Javier Duarte, de la mano de Eduardo de Melo Pinto Filho, quien se dejó ver por Xalapa hasta la cancelación del proyecto de la hidroeléctrica y desde enero del año pasado desertó de la constructora carioca.

Los abogados de Chuman, por su parte, han presentando los recursos correspondientes a su defensa en Brasilia desde hace seis meses y buscan demostrar que su cliente no tiene vinculación alguna entre los temas que se señalan en el caso Java Lato, ya que ninguno de los proyectos que estuvieron a su cargo fue financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Social de Brasil.

En efecto, la citada acción judicial está basada en una supuesta operación de subcontrataciones fraudulentas de una empresa vinculada con el sobrino del expresidente Lula da Silva, para prestar servicios en obras en Angola financiadas por el BNDES. Al respecto, la defensa enfatiza que ninguno de esos proyectos tuvo financiamiento de esa institución.

La privatización del servicio de agua potable y alcantarillado para Veracruz y Medellín se ejecutó a partir de septiembre del 2016. Los concesionarios se comprometieron a congelar las tarifas en el 2016 y 2017, además de un plan integral de inversiones por 10,400 millones de pesos para dar mantenimiento y ampliar la infraestructura. El proyecto contó con el financiamiento de Banobras y fue otorgado durante la gestión de Abraham Zamora al ser un proyecto de orden municipal, que contó con todas las aprobaciones legales y normativas correspondientes.

De acuerdo con el alcalde veracruzano, el priista Ramón Poo, desde noviembre pasado al frente del Grupo MÁS quedó Sandro Mario Stroiek, director adjunto de Chumán, quien actualmente atiende una acción judicial basada en una supuesta operación de subcontrataciones fraudulentas.

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