El pacto se topó con la cruda realidad de perder ingresos por el derrumbe del crudo.

Cuando hace un año las autoridades del gobierno mexicano adelantaron un pacto de no agresión fiscal a los ciudadanos estaban pensando en los efectos adversos que se dejaban sentir en la sociedad con las modificaciones que recién entraban en vigor.

No había el más mínimo indicio de que un año después el precio del petróleo habría de bajar de los 100 dólares de ese momento a los 38 dólares de hoy.

Así, la idea de inspiración política de prometer no más coscorrones fiscales a los ciudadanos a través de la presentación y respaldo unilateral del Acuerdo de Certidumbre Tributaria se topó con la cruda realidad de perder ingresos de manera acelerada por el derrumbe petrolero.

El documento se presentó a finales de febrero del año pasado y el pacto fiscal tiene la firma hasta del titular de la Conagua, pero ni una sola rúbrica de algún integrante del poder legislativo, de la Iniciativa Privada, de algún sindicato o de cualquier otra organización, institución o agrupación diferente al gobierno federal.

Simplemente desde Los Pinos se recabó la firma de todos los subalternos del presidente Peña Nieto y se presentó con gran pompa y circunstancia en Palacio Nacional.

Afortunadamente para el Secretario de Hacienda, quien ahora es el más afectado con este acuerdo, el sexto punto del acuerdo intergubernamental dice que hasta el 30 de noviembre del 2018 el Ejecutivo Federal solo propondrá realizar modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales, dice a la letra, sea imperante realizar ajustes al marco tributario.

No hay duda de que el derrumbe en el precio del petróleo es un evento macroeconómico relevante que es razón suficiente para incumplir con el primer acuerdo de no proponer modificaciones fiscales desde el Ejecutivo.

La economía mexicana tiene un muy amplio margen de maniobra fiscal para aumentar los ingresos por la vía tributaria. Odian el tema de los impuestos indirectos, pero el IVA tiene un enorme potencial recaudatorio.

Las facultades fiscales de los estados y municipios son un territorio inexplorado de alto potencial. Claro que también están disponibles los caminos fáciles de siempre: más impuestos directos a las personas y empresas cautivas y la invención de impuestos especiales.

Es verdad que la llamada reforma fiscal se ha convertido en un salvavidas para los ingresos públicos ante la caída de los ingresos petroleros, pero es también un hecho que podría ser necesario algo más que recortes al gasto para poder librar adecuadamente el 2016.

Lo que está por demás claro es que cualquier opción por la vía de impuestos será un tema para el gobierno federal hasta que pasen las elecciones intermedias, y aunque se cumple con una de las premisas para proponer aumentos tributarios, puede ser que la salida sea una iniciativa desde el Congreso.

Todo va a depender del comportamiento del precio del petróleo y de las tendencias que marquen sus precios hacia la segunda mitad del año. La decisión de hacer cambios fiscales tendría que asumirse desde la presentación de los criterios económicos del próximo año.

Y luego presentar las iniciativas correspondientes en septiembre para que en octubre quedara aprobada una miscelánea fiscal que permitiera discutir en noviembre el presupuesto. Esos son los tiempos legislativos. Pero, por favor, por ahora todos calladitos, pues hay elecciones en puerta.