El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusa a la Secretaría de Hacienda de incumplir la entrega de recursos extraordinarios, previamente acordados, como represalia a la investigación que su gobierno realiza a las transferencias de recursos federales de su antecesor, el priista César Duarte. La investigación ha tocado importantes operadores políticos nacionales del PRI. En su primera respuesta, la SHCP parece confirmar los dichos de Corral. Se argumenta que los recursos no fueron transferidos porque la investigación de las autoridades chihuahuenses cuestionan el instrumento mediante el cual se transfieren recursos federales, por medio de un convenio, a las entidades federativas. Esto no tiene sentido. Lo que la investigación realmente busca probar es el desvío de los recursos transferidos para financiar al PRI, nunca el mecanismo. La denuncia de Corral es plausible por una simple razón: la SHCP mantiene un enorme poder discrecional para transferir, o no, recursos a estados y municipios.

Existen tres tipos de transferencias que la Federación realiza a los estados. Las participaciones, las aportaciones y los convenios. Los primeros corresponden a la recaudación que la Federación comparte con las entidades y los segundos al pago de servicios que fueron transferidos, como educación y salud, además de otros para ser utilizados en seguridad. En ambos casos se utilizan fórmulas para su asignación. No obstante, una buena relación con Hacienda puede servir para obtener adelantos en las participaciones o reconocimiento de plazas de recursos transferidos. Los otros recursos, los convenidos, que pueden corresponder a programas públicos, como el Seguro Popular, en el que entidades y el gobierno federal se coordinan, a fondos como los metropolitanos y los regionales, pero también para financiar proyectos específicos, que no necesariamente están en el decreto de presupuesto y los que permiten a los estados en problemas concluir el año fiscal. Es decir, Hacienda perfectamente puede decidir la suerte de un estado como Chihuahua, con semáforo rojo en los indicadores de deuda pública.

La primera vez que el PRI perdió el Congreso, en 1997, la oposición logró que los recursos que pagan por las descentralizaciones de salud y educación, así como los que Sedesol transfería a los municipios, fueran asignados por medio de una fórmula de las llamadas aportaciones, el ramo 33. Sin embargo, el Congreso dividido también generó los famosos etiquetados, que representan mandatos para transferir recursos, sin fórmulas de por medio, a municipios y entidades. Como los procesos de control por parte de la Cámara de Diputados al Ejecutivo son débiles, entonces, con los recursos mayores a los presupuestados cada año, la SHCP tiene a su disposición un ramo, el 23, que en el 2017 pasó de 131 mmdp presupuestados, a 229 mmdp ejercidos, más de 1 punto del Producto Interno Bruto, que en buena parte sirve para transferir recursos a entidades federativas o a otras agencias de gobierno. Ésta es una fuente de poder formidable y un gran instrumento de control político.

Lo que el caso Chihuahua muestra es lo disfuncional de nuestro federalismo. Los estados reciben carretadas de dinero federal, una buena parte por vías discrecionales, porque tienen pereza de recaudar y también por sus escasas facultades. Se trata de recursos que se fiscalizan poco, porque las auditorías superiores y el resto de los órganos de rendición de cuentas  locales están capturados. Esos recursos no siempre alcanzan por culpa de los problemas que surgen con los procesos de descentralización y el sobreendeudamiento. Los proyectos de infraestructura de los estados o incluso el poder terminar con éxito el ejercicio financiero anual depende, en buena medida, de la buena voluntad de Hacienda. Eso permite simplemente cancelar la entrega de recursos ya pactada cuando algo les molesta, una investigación, por ejemplo. Es decir, lo hacen porque pueden, faltaba más.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.