Con la firma del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la Organización de las Naciones Unidas para la compra consolidada de medicamentos por hasta 3,643 claves con una inversión de 6,800 millones de dólares, el gobierno de México desvela una deficiencia en la administración pública que no ha podido resolver para garantizar al Estado los mejores precios, calidad, financiamiento y oportunidad en las adquisiciones de medicamentos.

Ni las investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica han logrado acabar con las prácticas monopólicas en el mercado de medicamentos, ni la contratación centralizada en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, mediante compras consolidadas, contratos marco y subastas reversa han sido eficaces para obtener los mejores precios.

Un mercado en donde el 43% de las ventas de medicamentos en el mundo está concentrado en unas cuantas empresas farmacéuticas, muchas de ellas tienen presencia en el país, por lo que México se ha posicionado como uno de los centros manufactureros más importantes del sector a nivel mundial. De hecho la industria farmacéutica representa en el país en promedio 1.2% del PIB nacional y 7.2% del PIB manufacturero.

Por años, en la comercialización de medicamentos se han destacado algunas compañías como Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Medico (DIMESA), Grupo Fármacos Especializados, Comercializadora de Productos Institucionales (CPI), Farmacéuticos Maypo, Compañía Internacional Médica (CIMSA) y Laboratorios Pisa.

Contar con muchas o pocas empresas no sería relevante si los precios fueran razonables, pero ocurre que año con año crecen desproporcionadamente, impactando el bolsillo de las familias mexicanas, tan sólo en 2019 la inflación de los medicamentos se ubicó en 4.8% anual, cuando la tasa anual se ubicó en 2.83%, según datos del Inegi.

El Gobierno federal que compra alrededor de 80 mil millones de pesos al año en medicamentos y equipos médicos se ha propuesto erradicar la corrupción y la captura del Estado, que supone esta implícita en estas adquisiciones, de ahí que haya dado el paso de requerir los servicios de la ONU, mismos que por cierto no son gratuitos y que pueden representar hasta el 4% del monto a licitar, para el caso que nos ocupa serían unos 240 millones de dólares, cerca de 5,280 millones de pesos, por lo que esta inversión debe suponernos una oportunidad de mejora.

A más tardar en enero llegarán a nuestro país los medicamentos y durante ese tiempo es oportuno revisar el por qué no está funcionando el sistema de compras de gobierno y los mecanismos de regulación de competencia económica, cambiar las leyes y reglamentos que sea necesario y de haber responsables señalarlos y fincarles responsabilidades. Quizá merezca la pena formar una nueva generación de servidores públicos especializados en compras gubernamentales, que pudieran coadyuvar en el proceso que ahora realiza la ONU y traerse esa experiencia valiosa, de manera que podamos hacerlo en México y no tener que pagar a terceros por una función que la administración pública debería poder realizar.