Sudáfrica anunció una nueva cepa del SARS-CoV-2 prácticamente dos años después del inicio de la pandemia e inmediatamente varios gobiernos decidieron cerrar sus fronteras y cancelar vuelos. Para cuando ésto sucedió, la cepa ya se encontraba presente en más de una decena de países.

La OMS ha reportado esta cepa como preocupante por el número de mutaciones que tiene, pero sin que existan datos claros por parte de la misma organización sobre su transmisibilidad o la gravedad de la enfermedad. Desde el lado de las políticas nacionales aún prevalece el miedo por encima de la ciencia y se prohíben vuelos hacia el sur de África a pesar de que Ómicron está presente en Europa y América.

Además, con estas equivocadas políticas se aísla aún más a África, un continente sin acceso real a vacunas, equipo y medicamentos. Este tipo de respuestas incentiva a cualquier país a ocultar información sobre la pandemia. Una vez más, prevalecen los nacionalismos y varios gobiernos se olvidan de la cooperación y la solidaridad internacional y de interdependencia que tan clara ha dejado esta pandemia.

Durante estos mismos días se ha llevado a cabo la Asamblea Mundial de la Salud en la que se discutió y aprobó la elaboración de un tratado, convención o acuerdo internacional sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias que sea legalmente vinculante. Un instrumento internacional que podría obligar a los gobiernos del mundo a actuar de una forma distinta para abordar una futura pandemia.

Independientemente de la figura legal que acuerden en la AMS, existen distintas consideraciones que deben valorarse. El Panel para una Convención Global sobre Salud Pública propone algunos parámetros como el desarrollo de un sistema de vigilancia y planes de preparación, tomar acciones tempranas basadas en las recomendaciones de la OMS, y proveer mecanismos claros para asegurar la producción y distribución de pruebas, vacunas, tratamientos, entre otros; también considera importante que se establezca un mecanismo de financiamiento para los países de ingresos medios y bajos, y contar con monitoreos independientes que verifiquen la información y capacidades de respuesta en los países.

Uno de los retos más importantes del proceso de negociación serán los relacionados con la implementación de un instrumento jurídico vinculante. ¿Cómo obligar a que algunas voces se sumen a las políticas recomendadas por la OMS? ¿Cómo brindar más transparencia y rendición de cuentas a las decisiones e información que brinda la OMS? Es decir, si pudiera lograrse un acuerdo global que obligue a todos los gobiernos a la cooperación, ¿cómo verificar su cumplimiento dentro de las fronteras nacionales? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que gobiernos autoritarios permitan la verificación de la información que presentan?

Si bien los aspectos técnicos y políticos de una negación tan compleja serán muy interesantes, también habrá que observar qué consideraciones existen para atender la diversidad económica y cultural que existe en el planeta y que sería irracional pensar en soluciones iguales para muy distintos países.

Este tratado puede ser una oportunidad aún más ambiciosa. Frente a los autoritarismos que buscan imponer en lugar de convencer, frente a la crisis de confianza pública en las instituciones y en la información, este acuerdo internacional pudiera ser un parteaguas que dé nueva vida al multilateralismo y nos recuerde que somos la misma humanidad y compartimos el mismo destino.