Para el segundo semestre del año, se prevé que el gobierno enfrentará una escasez de recursos presupuestales. Hay gastos que no están contemplados tales como el mayor pago de la pensión de adultos mayores por haber reducido el requisito de edad de 68 a 65 años, recursos que requiere el INE para instrumentar en agosto la pregunta sobre los expresidentes y el gasto para la adquisición de más vacunas anti covid. Por cierto, a pesar de cifras dadas a conocer por Herrera, lo erogado para las vacunas permanece como un tema opaco. Para financiar gastos como los anteriores, la SHCP está esperando recaudar más con un mayor crecimiento del PIB en los siguientes trimestres y un mejor precio internacional del crudo. Pero inevitablemente jalar la cobija para un lado descubre otros.

Consciente de que la astringencia de recursos seguirá en 2022, el Ejecutivo ha señalado que después de las elecciones, trabajará en una reforma fiscal (RF). ¿Para qué quiere una reforma fiscal? Primordialmente para financiar sus tres proyectos de infraestructura inviables y no rentables y sus programas sociales clientelares. También requerirá recursos para transferir al INE para que éste organice el voto de la revocación de mandato. Y, sobre todo, recursos para oxigenar las precarias finanzas de Pemex y la CFE. Con el recién engendro aprobado de la ley de hidrocarburos, se necesitan recursos para sostener el monopolio estatal de Pemex. Dicha ley entierra en definitiva la reforma energética de Peña Nieto y permitirá expropiaciones de bienes de la iniciativa privada.

El presidente ha dicho que una RF no debe aumentar impuestos, ni deuda ni precios públicos. Esboza así una RF que amplíe la base tributaria y mejore la eficiencia recaudatoria. Pero esas son medidas de mediano plazo. Dada la premura de necesidad de recursos, queda el camino de aumentar la carga impositiva. Pero no con impuestos distorsionantes como uno a las herencias y un impuesto al patrimonio. Por años se ha discutido que una eliminación de la tasa cero del IVA con una homologación de ese impuesto luce como una propuesta viable. Además, no se debe olvidar que la política tributaria tiene como finalidad recaudar y no redistribuir. Para esto último, se tiene a la política de gasto, por ejemplo, para atenuar un IVA sobre alimentos para los sectores más afectados.

Normalmente el diseño de una RF implica un diálogo y negociación con el sector privado, siendo el principal interlocutor el secretario de SHCP. En este caso se puede prever que no habrá mucho diálogo y que las acciones vendrán impuestas por López Obrador. Esto dejaría, una vez más, muy debilitado a Herrera.

Al presidente le debe quedar claro que las cosas no le están saliendo bien en el ámbito económico. Si quisiera medianamente reconciliarse con el sector privado, convocaría a un diálogo sobre una RF para alcanzar un consenso sin simulaciones. Las cúpulas empresariales deberían exigírselo. Asimismo, se requeriría a un interlocutor oficial al que el presidente se comprometa a escuchar. ¿Podrán Herrera y el sector privado hacerle ver esto a López Obrador?

Twitter: @frubli

Federico Rubli Kaiser

Economista

Revista IMEF

Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.

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