Guerrero representa hoy el mayor reto para la gobernabilidad en el país. Ayotzinapa fue hace cuatro meses el detonador que activó las crisis de seguridad y política que hoy ponen en riesgo las elecciones.

Esta semana la PGR informó acerca del caso Ayotzinapa, concluyendo que la verdad histórica de los hechos es que: los estudiantes normalistas fueron privados de su libertad, privados de la vida, incinerados y tirados al río San Juan .

Al respecto, los desafíos del Ejecutivo federal son centralmente dos: por un lado, vencer la desconfianza de la sociedad en torno a la actuación del gobierno. Seguramente ello requerirá de muchas acciones, una de ellas es actuar con prontitud en la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes y en la sanción a otros actores que resulten involucrados en el delito de desaparición forzada.

El otro gran reto es poner un alto al violento activismo encabezado por la CETEG y organizaciones radicales afines que han escalado un movimiento cada vez más agresivo y con propósitos políticos de toma del poder que no pasa por las urnas.

Su encauzamiento y solución requiere de decisiones puntuales y estratégicas:

Una política de comunicación que explique a la sociedad quiénes son, de donde vienen y que persiguen la CETEG y sus grupos afines, es decir, desnudar ante la opinión pública los orígenes y motivaciones políticas de estas organizaciones cuya lógica de movilización, presión, negociación y escalamiento del conflicto les ha resultado de alta redituabilidad frente a un gobierno omiso en la aplicación de la ley.

Diálogo y negociación para encontrar cauces políticos, dentro de la ley, que atiendan las legítimas demandas de estos grupos en materia de justicia y desarrollo social, estableciendo en contrapartida claros compromisos en el cumplimiento de sus responsabilidades gremiales y el respeto a los derechos de terceros.

Aplicación estricta de la ley ante paros, bloqueos carreteros, saqueo y destrucción de la propiedad pública y privada y la permanente lesión de los derechos humanos más elementales de una sociedad secuestrada por la violencia. Las medidas puestas en práctica el pasado miércoles para impedir la toma de casetas de peaje y el despliegue policiaco en Guerrero son la expresión de esta decisión, enhorabuena!

Alianzas y compromisos con las organizaciones sociales que reclaman respeto al Estado de Derecho, pues la tarea exige la participación de todos los sectores comprometidos en recuperar la gobernabilidad.

En síntesis, se requiere romper los círculos de extorsión política y de impunidad para terminar con los incentivos perversos que alimentan a estos grupos.

La estrategia que usaron el presidente Obama después de las elecciones intermedias donde salió derrotado y el presidente Hollande ante la crisis provocada por el ataque terrorista, son un magnífico referente de lo que significa relanzar un gobierno que necesita cambiar su imagen y resultados, sobre todo cuando le quedan cuatro años por delante.