La polémica sobre qué tan efectivo ha sido en México el impuesto especial a refrescos y demás bebidas azucaradas va arreciando. El debate es intenso porque hasta ahora es el único país donde se aplica a nivel nacional y en forma generalizada un gravamen de este tipo.

Otros países, como Inglaterra, Chile y Colombia, lo consideran seriamente y seguro están muy pendientes de los resultados que logre México. De ahí lo relevante de que las evidencias sean lo suficientemente fundamentadas y respaldadas por instituciones serias y de prestigio.

En Reino Unido la discusión va muy avanzada; inicialmente se hablaba de un impuesto de 20% sobre las bebidas gaseosas azucaradas, pero en un foro reciente se concluyó que para un real desincentivo al consumo debe ser de 50 por ciento. El primer ministro, David Cameron, había descartado cualquier nuevo impuesto pero recién insinuó que sí debe ser parte de una serie de medidas integrales antiobesidad.

En México el debate está justamente en torno a qué tan efectiva ha sido la medida a dos años de ser aplicada. En términos recaudatorios ha sido un éxito; en el 2015 siguió creciendo. De enero a noviembre, el erario recibió más de 19,400 millones de pesos por impuesto a bebidas azucaradas, 13% más que en igual periodo del 2014.

Aunque lo importante es que haya una verdadera evidencia de la efectividad de la medida en lo que se supone es el objetivo: combatir la costosa epidemia de obesidad y diabetes.

Se ha detonado una guerra de estudios y cifras entre instituciones académicas buscando evidenciar a favor o en contra si el impuesto a bebidas azucaradas está dando resultados.

Hasta ahora son cuatro instituciones académicas las que han emitido sus respectivas cifras en torno al impacto del impuesto: el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el ITAM, el Colegio de México y la Universidad de Nuevo León. De estas cuatro, el INSP, que dirige el doctor Mauricio Hernández, es el único cuya evidencia científica va en torno a que el impuesto sí ha impactado el consumo de bebidas altamente calóricas. Las otras hablan de que no hubo gran impacto.

El estudio del INSP, realizado junto con la Universidad de Carolina del Norte, también es el único que ha publicado sus resultados en una revista científica de alto prestigio en el ámbito de la salud el British Medical Journal , y con ese argumento sus investigadores mencionan que no es comparable con otros estudios que no han pasado ese filtro de rigor científico y que evidentemente son financiados por la industria de bebidas.

Los resultados del INSP hablan de un impacto suficiente del impuesto como para pensar en duplicarlo en México, y aplicarlo en otras partes del mundo. Habla de que el impuesto redujo en 6% promedio las compras de refrescos y 9% en los hogares de bajo nivel socioeconómico, en tanto que las bebidas no gravadas (incluida el agua embotellada) se elevó 4%. Ello indicaría una sustitución de bebidas azucaradas por bebidas saludables .

Por su lado, los estudios realizados por el ITAM, el Colegio de México y la Universidad de Nuevo León cada uno por separado coinciden en el sentido de que el impuesto no tuvo mayor impacto en la demanda de refrescos ni en la ingesta calórica. Se entiende que sus resultados sean retomados por la Asociación Nacional de Productores de Refresco y Aguas Carbonatadas y ConMéxico que aglutina a grandes empresas de la industria alimentaria.

La industria está haciendo su lucha pero no la tiene fácil, pues instituciones internacionales como la OCDE y la OMS recomiendan la aplicación de impuestos a bebidas y alimentos altamente calóricos como medida para parar la obesidad y diabetes en el mundo. Parece un déjà vu de lo que sucedió en su momento con la industria del tabaco.