Las decisiones en materia energética de esta Administración, una vez más le dan un golpe bajo a la inversión privada y la competencia económica. Frenar todos los proyectos relacionados con la generación de energías limpias para darle “súper poderes” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasa por alto diversas leyes, pone en riesgo la meta de transición energética, y atenta directamente contra nuestra salud.

El vienes de la semana pasada, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, solicitó que se publicara en el DOF, con carácter de urgente, un Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; obviamente, sin someterlo al debido proceso de mejora regulatoria que establece la Ley en la materia.

Por eso no sorprende que el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, César Hernández, experto en el tema eléctrico y conocedor de la Reforma Energética, haya anunciado su renuncia previo haberse filtrado un correo electrónico donde revelaba los costos que traería esta decisión entre los jugadores del mercado y las afectaciones a la libre competencia.

Son varios aspectos peligrosos de este acuerdo. Establece un mecanismo para despachar electricidad de forma privilegiada, independientemente de que sean o no las de menores costos, como lo marcan las reglas del mercado eléctrico en el mundo; además, determina que a partir de mayo quedan suspendidas las pruebas pre operativas de las centrales eólicas y fotovoltaicas en proceso de construcción.

Con esto, el gobierno federal bloquea la inversión de 44 proyectos de generación limpia que representan 6,500 millones de dólares, 30,000 empleos formales, y la posibilidad de distribuir energía mucho más económica a nuestros hogares. Asimismo, pone en riesgo los compromisos de México en el Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética, que establecen que debemos alcanzar el 35% de energías limpias para el 2024. Finalmente, se ahuyenta la inversión extranjera en el momento en que México más la necesita, los costos de generación aumentarán y, con ello, las tarifas que debemos pagar todos los mexicanos.

Rocío Nahle está obsesionada con que CFE genere el 54% de toda la energía del país, atentando una vez más contra el poder legislativo, porque esta disposición viola diversos preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica; ya que el artículo 4° de la Ley de la Industria Eléctrica expresamente establece que la generación y la comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.

El hilo conductor de estas decisiones nos lleva hacia el rescate de Pemex, ya que la empresa petrolera está produciendo, en exceso, combustóleo en sus refinerías; este chapopote altamente contaminante es el insumo principal que utilizan las centrales eléctricas de CFE. Los altos niveles de contaminación generados por estas fábricas ponen en riesgo nuestra salud y, por ende, violan nuestro derecho establecido en el artículo 4° constitucional. De hecho, un reciente estudio de la UAM determinó que 14,000 personas mueren de forma prematura en la zona metropolitana de la CDMX por los contaminantes de la central de Tula, que precisamente usa combustóleo.

Sin duda, el gobierno está determinado en acabar con la inversión privada, la competencia económica, el estado de derecho, y de paso, atentar con nuestra salud. Es hora de que nuestras autoridades lo entiendan, desafortunadamente hoy no sólo tenemos que lidiar con las consecuencias del coronavirus, sino también con las erráticas decisiones de la 4T.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.