Para bien o para mal, la nueva ley de disciplina financiera marcará un punto de quiebre para los gobiernos estatales y municipales. La propuesta prohíbe a las entidades federativas exceder 3.5% del PIB anual en sus empréstitos; asimismo, obliga a la aprobación, por mayoría calificada, de los Congresos locales.

A septiembre del 2015, las obligaciones financieras de las entidades federativas, municipios y sus organismos sumaban 515,800 millones de pesos y al cierre del año, las tres entidades más endeudadas son: el Distrito Federal, con más de 67,591 millones de pesos, seguido por Nuevo León y Chihuahua. Estas obligaciones financieras son registradas ante la SHCP (de acuerdo con los artículos 9 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal), e incluyen las obligaciones financieras respaldadas con participaciones, aportaciones e ingresos propios de los gobiernos estatales y municipales y sus organismos. Como proporción de las participaciones federales se ubicaron en 85.3%, cifra superior a 85.1% de septiembre del 2014, pero mayor a 84.4%, presentado en marzo del 2015.

La deuda neta del sector público como porcentaje del PIB ha mantenido una tendencia creciente. Entre diciembre del 2009 y julio del 2015, la deuda creció 12.9 puntos porcentuales del PIB, en tanto que, de diciembre del 2012 a julio del 2015 se registró un incremento de 9.6 puntos porcentuales del PIB.

Es inevitable: la ratificación del Acuerdo de Certidumbre Tributaria publicado en 2014 -donde el gobierno federal se comprometió a no hacer cambios a la estructura tributaria aplicable del 2014 al 2018 obliga a que el endeudamiento sea el mecanismo para financiar el déficit fiscal. Sin embargo, las necesidades de financiamiento total del sector público son mayores al déficit. Por ello es que la definición más amplia del déficit son los requerimientos financieros del sector público. Este indicador abarca la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, e incorpora las actividades del sector privado y social cuando éstas actúan por cuenta del gobierno federal o de las entidades.

En el corto plazo, las principales amenazas a las finanzas públicas radican en el desplome del precio del petróleo y la volatilidad del sector externo. Pero sin contener el crecimiento de la deuda y sin reducir su proporción respecto del PIB, el panorama económico resultaría halagüeño.

Por eso, amplios sectores de la Iniciativa Privada (IP), representados por el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras Industriales y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, pretenden que en la nueva ley se reconozca el pago a terceros no institucionales. Son más de 45,000 proveedores como constructoras, acereras y transportistas que reclamaron a gobiernos estatales y municipales pagar más de 150,000 millones de pesos por sus servicios, donde los estados con los mayores montos de deuda a distribuidores son Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Veracruz y Chiapas.

Aunque en la nueva ley los estados deberán reportar todas las deudas contraídas por contratistas, pequeños y medianos proveedores de servicios y productos, no son reconocidos en el proyecto legislativo aprobado el pasado 3 de diciembre. Pese a ello, la IP espera que tanto en el Senado como en San Lázaro, se tomen cartas en el asunto para incluir a todos los proveedores y empresas que lleven a cabo una relación mercantil con algún estado o municipio, siempre y cuando se cumpla satisfactoriamente el contrato entre las partes, pero garantizando el pago oportuno de sus servicios, situación que se sabe también es cabildeada en la SHCP, de Luis Videgaray.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 contempla financiar la mayor parte de la deuda en el mercado interno. Se favorecerá la emisión de instrumentos de mediano y largo plazo. Para el gobierno federal se autorizó un tope de endeudamiento interno neto hasta por 535,000 millones de pesos, y un endeudamiento externo neto de hasta 6,000 millones de dólares. Para Pemex se propuso un techo de endeudamiento interno por 110,500 millones de pesos, y de endeudamiento externo por 8,500 millones de dólares, mientras que para la CFE se contempló un techo de endeudamiento interno por 12,500 millones de pesos.

Efectos secundarios

EXPECTATIVAS. A trompicones, Roberto Gil Zuarth condujo el debate en el pleno sobre la terna propuesta por el Ejecutivo federal para sustituir al ministro Juan Silva Meza. La censura al perredista Zoé Robledo y la altivez del presidente de la Mesa Directiva del Senado deslucieron aun más la elección de Javier Laynez Positek, quien junto con Norma Lucía Piña llega a la SCJN. Será el próximo martes 15 la última oportunidad para que la Cámara Alta procese la propuesta presidencial de llevar a la Junta de Gobierno del Inegi al economista Julio Santaella. ¿Alcanzará a salir?

AVANZADOS. La noticia sobre el registro sanitario otorgado por la Cofepris a la vacuna contra el dengue dejó en segundo plano un avance de igual importancia: en el 2016, México será el primer país en tener en el mercado el medicamento Tookad Soluble, de Steba Biotech, para el tratamiento de cáncer de próstata. Es el primer producto que se sujeta al proceso regulatorio de seguimiento por parte del Subcomité de Evaluación de Nuevos Medicamentos en Desarrollo (SENMD), el cual consistió en un acompañamiento por casi dos años; se avaló por tres estudios fase dos y dos estudios fase tres multicéntricos, en 13 países, incluido México y una población total tratada de 518 pacientes.