Este martes podría registrarse el divorcio entre el gobierno mexicano y la Iniciativa Privada (IP).

La aprobación de la modificación a la Ley de Amparo detonaría el rompimiento.

No sólo eso, provocaría una reducción drástica de las inversiones extranjeras en México, por la evidente inseguridad jurídica que devendría con el cambio de ley.

Dos fracciones, la XI y XIII del artículo 129 de la Ley de Amparo -de ser aprobadas tal y como lo propone el Ejecutivo Federal-, afectarían directamente a dos sectores industriales que, en conjunto, generan 41% del Producto Interno Bruto (PIB).

Empresas y empresarios, sin defensa

Impactarían directamente a las instituciones financieras y a las empresas concesionarias de bienes del dominio público que prevé el Artículo 27 constitucional. Este martes, se somete a votación en la Cámara de Diputados. El cabildeo en contra de parte de la Iniciativa Privada ha estado a su máxima intensidad en los últimos días y horas.

Los empresarios tienen temor de que el partido en el gobierno la apruebe por mayoría, apoyados con algunos legisladores de otros partidos políticos.

La Ley de Amparo ha sido votada en favor, en lo general, por todos los partidos, pero hay dos reservas sobre las fracciones XI y XIII del artículo 129, que no han podido destrabarse.

Los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y del Trabajo sostienen que las fracciones impugnadas son discriminatorias y violatorias del principio de acceso a la justicia efectiva.

Prohibiría suspensión ?de amparo

Los empresarios quedarían inermes ante actos de autoridad, de aprobarse las controvertidas fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo. Aseguran que prohibiría a los juzgadores conceder la suspensión de amparo a los concesionarios de bienes del dominio público e instituciones financieras.

Reduciría inversiones

En los análisis que han realizado los expertos de la representación empresarial, se concluye que de aprobarse la redacción propuesta del artículo 129, fracciones XI y XIII del proyecto de nueva Ley de Amparo, generaría inseguridad jurídica para inversionistas y empresarios. Por eso, anticipan que disminuiría la llegada de inversiones internacionales.

De hecho, representantes de agencias calificadoras internacionales y del Banco de México han asistido a las últimas sesiones de la Comisión de Justicia, para evaluar el riesgo potencial.

De acuerdo con fuentes del Congreso, cabildean o por lo menos asisten enlaces legislativos de la CIRT, TV Azteca, Telefónica, Grupo Modelo, Asociación Mexicana de Bancos, Consejo Coordinador Empresarial, Cemex, Citigroup, Canieti y la Confederación Nacional Campesina.

Los especialistas en el caso advierten que en la anterior legislatura el PRI decidió no apoyar al PAN en esta iniciativa, por las facultades que se le concedían al gobierno en turno. Ahora es al revés: el PAN se opone.

El viernes pasado, el PAN decidió no apoyar la iniciativa del PRI para quitar las suspensiones a sectores productivos clave. El PAN teme un Estado totalitario.

El Consejo Coordinador Empresarial prepara una campaña de difusión que ha reservado hasta el último minuto para manifestar su oposición. Los radicales en el sector privado acusan que ya se tardó. Gerardo Gutiérrez Candiani se expresa con intensa preocupación, pero trata de mantener la cautela al máximo.

Este martes se resuelve si se aprueba o no con o sin las controvertidas fracciones del 129 de la Ley de Amparo.

CUENTOS VERAS

Mientras se registra fuga de capitales en Argentina y devaluación en Venezuela y Brasil, en México la libre flotación y el blindaje de reservas soportan la volatilidad.

Twitter: @marco_mares