Nuestro país, como el resto del mundo, enfrenta desafíos profundos tanto en lo social, con el dolor e incertidumbre que seguirá causando el Covid, como en lo económico por los daños estructurales que el confinamiento habría causado sobre todo en la inversión, empleo y pobreza. Los países que mejor podrán procesar estos desafíos serán aquellos que los enfrenten unidos en particular, con la unión de esfuerzos entre el gobierno y el sector privado. EU, con una enorme burocracia, el ejército más poderoso del mundo y el Estado de derecho más sólido ha visto cómo el gobierno y la IP se toman de la mano para unir sus capacidades para afrontar la vacunación. Al mismo tiempo activan juntos su economía. Así, el futuro gobierno de Joe Biden ha anunciado un agresivo programa de estímulos fiscales para todos los agentes económicos, sin distingo, incluidos los informales. El sistema de salud está aprovechando empresas privadas para agilizar la aplicación de vacunas y distribuir tratamientos, incluidos laboratorios, distribuidoras, farmacias e incluso estadios deportivos.

México tiene exactamente los mismos desafíos e igual que EU, hay marginación, polarización y ruido político. En nuestro país, sin embargo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el sector privado deben establecer exactamente qué tipo de modelo de relación quieren tener para enfrentar estos desafíos. Hasta el momento, el gobierno ha ejercido, quizás como ninguno, plena autoridad que las leyes le confieren sobre la IP. El cambio de régimen legal fiscal, para llevarlo de uno ordinario a uno extraordinario de carácter penal, la extinción de dominio, la cancelación de obras en marcha, limitar la libre competencia en el sector energético y el amago con prohibir el outsourcing, así como exigir más disciplina de confinamiento a comercios establecidos que a los informales o el retraso en devoluciones de impuestos con fuertes auditorías. El diálogo con las cúpulas empresariales no se ha reflejado en mayores estímulos a la inversión privada, mayor certeza jurídica y un claro beneficio para todas las empresas, no sólo las grandes.

Por su parte, la IP ha ido del rechazo total de las políticas del gobierno que hace a sus espaldas a la sumisión total cuando está de frente. Al mismo tiempo, la sociedad ha visto cómo las cúpulas: CCE, Coparmex, ABM, Canacintra, etcétera, no responden plenamente a la totalidad de las empresas. Los grandes empresarios han seguido en la lógica de obtener el favor del Estado para los grandes contratos, mientras que los pequeños resienten la fuerza de actos de autoridad que la STPS, Hacienda, SAT, IMSS, Infonavit, ejercen sin haber tenido el contrapeso que la Secretaría de Economía debió haber ejercido. Enfrentar al Covid el resto del camino y reconstruir la economía con base en la inversión, la certidumbre, el empleo no podrán lograrse sin que vayan de la mano gobierno e IP, es la esperanza que se tiene con la secretaria Clouthier y nuevos líderes empresariales.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, en Washington, DC y en la Presidencia de la República. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas.

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