Se necesitó que la periodista Lourdes Mendoza difundiera por su cuenta de Twitter unas fotos en donde aparece Emilio Lozoya Austin cenando con unas personas en un lujoso restaurante de la CDMX para que la indignación popular que generó su prepotente conducta obligaran al presidente Andrés Manuel López Obrador y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, a dejar de consentirlo.

Porque si un criminal ha sido consentido por el sistema es quien fue el director general de Pemex de diciembre del 2012 a febrero del 2016.

A pesar de las graves acusaciones en su contra, de que se fugara del país después de que se girara una orden de aprehensión en su contra y tuviera que ser extraditado a México desde España, AMLO y Gertz decidieron que enfrentara su juicio en libertad para que así reuniera las pruebas que demostraran la corrupción de Enrique Peña Nieto, del exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de exlegisladores que supuestamente sobornó para que aprobaran la reforma energética del 2013.

Lozoya recibió un trato privilegiado desde el momento en que se bajó del avión que lo trajo de España el 17 de julio del año pasado. De 45 años entonces y sin que nunca presentara problema alguno de salud, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se fue directo al hospital Ángeles del Pedregal en donde pasó 15 días por supuestamente padecer anemia y problemas del esófago.

Salió del hospital el 1 de agosto y unos días después el juez del caso Odebrecht autorizó que enfrentara su proceso en libertad, que portara un brazalete electrónico de localización, que no saliera de los límites de la CDMX y que cada 15 días se presentara a firmar en el Juzgado. Se reportó que para celebrar su libertad organizó una fiesta en una de sus casas a la cual uno de sus amigos llevó tres botellas de un vino francés que cuesta 25,000 pesos cada una, vino que tal vez pasó sin lastimar su delicado esófago.

Nada mal para quien finalmente confesó que recibió sobornos y se fugó del país.

Desde agosto del año pasado hasta el miércoles pasado, Lozoya no había sido encarcelado porque una y otra vez pidió prórrogas para poder dedicarse a recabar las pruebas que sustentaran las acusaciones que hizo contra varios funcionarios de participar en diversos actos de corrupción, sobre todo la que promovió Odebrecht, entre ellos los expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto; el exsecretario Videgaray; los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade; el exdirector de Pemex (de noviembre del 2017 a noviembre del 2018) Carlos Treviño Medina; los exsenadores David Penchyna, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle Maury, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Barbosa; el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; el contratista Juan Armando Hinojosa y hasta la propia periodista Lourdes Mendoza.

Anteayer Lozoya se presentó al juzgado y solicitó otros 60 días para seguir recabando las pruebas, pero, por fin, la FGR decidió no seguir consintiéndolo. Pudo más la indignación popular que generó el tuit de Lourdes Mendoza que el deseo presidencial de consentir a quien supuestamente le iba a entregar en charola de plata las cabezas de sus adversarios.

Lozoya y Gertz le fallaron a AMLO.

Eduardo Ruiz-Healy

Periodista y productor

Columna invitada

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.

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