El pasado 4 de marzo, el gobierno federal dio a conocer la “Estrategia de protección en contexto electoral”. El objetivo del plan, según explicó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consiste en “detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades”, para prevenir y sancionar el asesinato, extorsión, cooptación y secuestro de candidatos a cargos de elección popular.

El anuncio de la estrategia responde al elevado número de homicidios y ataques violentos a aspirantes y precandidatos registrado en los últimos seis meses. Según datos de la SSPC, 64 personas han perdido la vida y 22 más han resultado heridas, víctimas de la violencia relacionada con los procesos electorales en curso.

Los actos de violencia política suelen llamar la atención de la opinión pública. Involucran a personas conocidas, al menos en el ámbito local. Por ello, el gobierno federal no podía seguir pretendiendo que tenía todo bajo control. Estaba obligado a mandar el mensaje que está haciendo algo para atender el problema de la violencia política. 

Sin embargo, el anuncio de Rosa Icela Rodríguez revela más que la intención de emprender acciones para contener la violencia política. Pone al descubierto el desorden y la falta de una estrategia integral de seguridad que prevalecen en el gobierno del presidente López Obrador.

En primer lugar, la estrategia de protección electoral llega tarde. El INE dio inicio al Proceso Electoral Federal 2020-2021 desde septiembre del año pasado. Los procesos electorales locales, aunque arrancaron posteriormente, llevan ya varios meses de adelanto. Las precampañas y los periodos para que los aspirantes a candidatos independientes recaben apoyos ciudadanos han concluido en la mayoría de los estados.

De hecho, en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora las campañas electorales iniciaron un día antes del anuncio. Faltan menos de 100 días para la jornada electoral del 6 de junio. Si el objetivo de la estrategia era prevenir o romper el vínculo de complicidad entre candidatos y equipos de campaña con las bandas del crimen organizado, el gobierno federal debió empezar mucho tiempo atrás.

En segundo lugar, las líneas de acción de la estrategia de protección electoral anunciada son en realidad más de lo mismo. Todas ellas se han seguido en el pasado con los resultados consabidos. Algunas rayan en la inocuidad.

Por ejemplo, la primera línea de acción consiste en “hacer un llamado a los partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley”. Verificar el cumplimiento de condiciones de elegibilidad es una tarea que las autoridades electorales vienen realizando de forma minuciosa desde hace tiempo.

La SSPC se equivoca si piensa que se puede negar el registro a candidatos presuntamente vinculados a organizaciones criminales. El INE y los organismos electorales locales están obligados a hacer efectiva la presunción de inocencia y a garantizar la mayor protección al ejercicio de los derechos políticos.

Otras líneas de acción suenan más prometedoras, como adoptar “medidas de protección a personas candidatas amenazadas” o integrar carpetas de investigación de aspirantes y candidatos vinculados con el crimen organizado. Sin embargo, nada de esto ha funcionado en el pasado debido a la impunidad con la que operan las bandas criminales y el riesgo del uso político de la Fiscalía General de la República, dos problemas que se han exacerbado durante el actual gobierno.

En materia de seguridad, la verdadera estrategia de la 4T parece ser el “gatopardismo”. Consiste en la utilización de los símbolos y el discurso del cambio, para que todo siga igual en la realidad.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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