Gaste ahora y pague después. La invitación puede ser hecha tanto a un jefe de familia como al Presidente de un país, al Gobernador de una entidad federativa o un Presidente municipal. La diferencia fundamental entre el primero de esos casos y los segundos es que el padre de familia siempre tendrá que encarar los gastos que realizó. A diferencia, los presidentes, gobernadores o alcaldes disponen del expediente de heredarle las deudas acumuladas a la siguiente administración.

Desde el ángulo económico, la práctica de que los gobiernos vivan por arriba de sus medios, mediante el recurso al crédito, es ignorante o violatoria del principio de la escasez de los recursos. Si los recursos y en lo específico los fondos prestables son limitados, no es posible suponer que un gobierno –ya sea nacional, estatal o local pueda recurrir en forma infinita al endeudamiento sin que tarde o temprano los prestamistas le levanten la canasta.

A esa práctica de gastar por arriba de sus ingresos y financiar el déficit resultante con deuda externa recurrió amplia y gozosamente el gobierno saliente en Hungría. Y en el caso húngaro cabe denunciar una práctica complementaria todavía más punible: el ocultamiento de las deudas.

Apenas el lunes de la semana pasada, nos enteramos aquí en las páginas de El Economista que igual síndrome atacó en México a los presidentes municipales durante la crisis. El encabezado fue revelador: Municipios gastaron de más durante la crisis y algunos incurrieron en deuda .

La tendencia a incurrir en esas prácticas deficitarias se entiende desde el punto de vista humano. Lo que les permite lucimiento a los gobernantes es gastar. Incluso, la totalidad de ellos encontrará siempre la justificación social para los gastos realizados.

Con todo, cuando estallan las crisis de deuda no suelen ser los políticos que las contrajeron quienes asumen los costos del endeudamiento. La única solución viable es que las leyes y el funcionamiento democrático de los estados pongan un coto a esas prácticas.

Se tiene que legislar y convertir en ley, en todos los países, que el déficit fiscal pueda rebasar un tope predeterminado ampliamente conocido por la opinión pública. Las sanciones al incumplimiento de la norma deben también ser precisas y del conocimiento de todos.

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