Casado con la mal llamada “soberanía energética”, mi paisano, el Presidente López Obrador, sigue insistiendo en privilegiar a las empresas del gobierno y, ahora, le toca a Petróleos Mexicanos. Con la iniciativa que reforma la Ley de Hidrocarburos, enviada a la Cámara de Diputados, el presidente nuevamente nos muestra su indiferencia a lo mandatado en nuestra Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito, así como su testarudez de impulsar prácticas retrógradas que no tienen cabida en un mundo globalizado.

Grosso modo, lo que esta iniciativa busca es expropiar los recursos e instalaciones de empresas privadas que participan en el mercado de hidrocarburos, además de dotar de facultades meta-constitucionales a la Sener y a la CRE para que éstas puedan, de manera discrecional, suspender las actividades de importación, comercialización, distribución y venta de gasolinas, diésel y otros combustibles.

Claramente, esto no sólo es un atropello más que pone en riesgo las inversiones y la certidumbre jurídica en nuestro país, sino que, además, nos deja ver que el único beneficiado es Pemex, que, en los últimos años, ha perdido presencia en este mercado de manera significativa debido a su mal manejo. Ejemplo de ello es que, al cierre de 2020, la petrolea acabó con el menor número de gasolineras bajo su franquicia (7,468); casi 40% menos a las contabilizadas en 2016 (11,876).

Como Diputada Federal he insistido constantemente que el fortalecimiento de la empresa productiva tiene que hacerse a partir de la competencia económica, no con dádivas ni privilegios, porque regresarle el monopolio a Pemex es una práctica que afecta principalmente los bolsillos de los ciudadanos, quienes estaremos a expensas de recibir un producto al precio y a la calidad que el gobierno, como único proveedor, determine. Si hoy consideran que el precio de la gasolina es alto, esperen a que esta iniciativa se apruebe, ya que será la llegada de los ¡peores gasolinazos que hemos visto!

Expongo un par de artículos. Por un lado, la adición de un 59-Bis que propone que se puedan cancelar permisos otorgados a empresas particulares, si estas representan un “peligro” para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional; conceptos que, al no estar claramente definidos quedan sujetos a la interpretación. Por otro lado, la reforma al artículo 57 que abre la puerta para que cuando la Sener y la CRE autoricen la suspensión de instalaciones privadas, éstas puedan ser operadas por Pemex de manera directa, una especie de expropiación a empresas, lo que expertos han alertado ya que promovería prácticas anticompetitivas y abusos por parte del Gobierno Federal.

Pero lo más lamentable es que Morena sigue ignorando a los especialistas, limita la participación ciudadana, y trata de silenciar el debate que queremos dar los diputados de oposición. Por eso impidieron la realización de un Parlamento Abierto, convocando tan sólo a un simple y limitado diálogo en lo oscurito; con lo que estarán en posibilidades de someterla a una aprobación fast-track en este último periodo ordinario, algo que les conviene pues seguramente tienen miedo de perder su mayoría en la próxima Legislatura.

Como economista e integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, es mi responsabilidad alertar a la ciudadanía de las terribles decisiones que este gobierno está tomando para el sector energético y que, de seguir así, podrían causar un daño irreparable que nos costará mucho, especialmente a los ciudadanos.

@PerezSoraya

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

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