La reforma constitucional de 2013, por la cual se abrió la posibilidad de generar esquemas de participación e inversión compartida, vino a potenciar la dinámica de una industria que por décadas había ralentizado sus alcances debido a la sequía presupuestal. Dicho esquema, proveyó de un alivio a la empresa que hoy por hoy está sumida en una crisis operativa, fundamentalmente auspiciada por la exponencial deuda que parecería ahogar su viabilidad futura.

Petróleos Mexicanos al día de hoy tiene que cargar con el asfixiante peso de una deuda de más de 110,000 millones de dólares. Pero a pesar de tal lastre, con la reforma propuesta a la Ley de Hidrocarburos, se pretende restringir severamente la participación de la iniciativa privada en el mercado de combustibles y limitar la comercialización, distribución y venta de gasolinas y diésel. Se quiere darle una ventaja competitiva a Pemex en un mercado donde gradualmente perdió presencia, pero con ello, a la vez, se repite la dinámica de lo ocurrido con el intento de reforma en materia eléctrica.

Se parte desde una postura francamente ideológica más que desde la objetividad para promover una suerte de fortalecimiento mandatado de la industria nacional, sin que necesariamente existan las condiciones para hacerlo notoriamente rentable. Lo peor; se incrementa la desconfianza al tiempo que se merma la seguridad jurídica de las inversiones.

Estamos ante un esquema legal en donde cabe la suspensión arbitraria de permisos ante la ambigua apreciación de que se lesione la seguridad energética, la economía o incluso la seguridad nacional. Con ello, es previsible que por igual el esquema genere la incertidumbre necesaria para ahuyentar la inversión y convierta en innecesariamente litigioso un terreno donde se transitaba sin los entuertos que seguramente se tendrá en lo venidero. Porque al igual que en el caso de la industria eléctrica, la regresión al pasado implicará, además de consecuencias perniciosas en lo económico, una lluvia de amparos que de nueva cuenta trae aparejada la tensión con el poder judicial de la federación.

En un escenario así, los costos de cumplimiento para los particulares se incrementan exponencialmente y hacen de esta acción un intento inoportuno por privilegiar la rectoría y soberanía del estado cuando sus propias capacidades competitivas se encuentran mermadas.

Pemex ha arrastrado vicios ancestrales que hicieron de dicha empresa un mastodonte con articulaciones artríticas. Hoy, está en la frontera del colapso y esta devolución que por mandato se le haría del mercado podría aliviar la pérdida de terreno que tuvo entre 2014 y 2020, en donde redujo en más de 13% sus franquicias. Sin embargo, el curso de la economía dibuja un escenario cuyos costos son más altos que el remedio. Llamas al horizonte y humo ennegrecido se avizora.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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