Sorprende que el gobierno carezca de argumentos suficientes para justificar y legitimar el aumento en los precios de las gasolinas por eliminación de subsidios, liberación (parcial y administrada) de precios, y nuevo tratamiento fiscal a través de un IEPS positivo. Especialmente siendo, como lo es, una medida indispensable y de absoluta racionalidad hacendaria, social, económica, ambiental, energética y urbana. Presenta el aumento como un mal necesario y, exclusivamente, como imperativo para mantener la viabilidad de las finanzas públicas; incluso alienta la esperanza de que los precios bajarán en el futuro. Ahí se detiene abruptamente su narrativa y su capacidad de explicación y pedagogía pública.

Revela, preocupantemente, no sólo precariedad argumentativa, sino también una administración pública descoyuntada e inhábil para presentarnos una visión integrada y coherente de sus decisiones, en particular de ésta, que alcanza a una amplia gama de ámbitos y procesos en la vida actual y futura de la nación. Siendo así, no sólo atiza el descontento contra el gasolinazo dando combustible político a sus adversarios, sino que desecha una oportunidad histórica de enmendar rasgos profundos de insostenibilidad e ineficiencia en el sector energético, en nuestras ciudades, en el medio ambiente, y en materia climática. Inexplicablemente renuncia al razonamiento, y priva a la ciudadanía y al país de rumbo y de proyecto, que si bien no eliminaría del todo la irritación, la mitigaría con un sentido de propósito común y trascendencia a largo plazo. Los costos políticos para el presidente y su gobierno serían minimizados, e incluso podrían trocarse en valiosos activos por una posición visionaria y audaz de relanzamiento de un proceso de desarrollo sostenible, equitativo y eficiente.

Gasolinas cada vez más caras son esenciales para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mitigar el calentamiento global y permitir que México cumpla con compromisos derivados del Acuerdo de París en materia de cambio climático (La principal fuente de emisiones en nuestro país son los vehículos automotores; somos el décimo país por emisiones en el mundo y el cuarto en consumo per cápita de gasolina). Desde luego, también para promover el cambio tecnológico en el sector transporte. Gasolinas caras son igualmente indispensables para lograr ciudades con baja huella ecológica, compactas, densas y verticales, con predominio del transporte público y de movilidad peatonal y no motorizada; y para contener la expansión horizontal suburbana y exo-urbana de las ciudades de México, así como la contaminación atmosférica.

En ese sentido, llama la atención que en la reunión sostenida hace pocos días entre el presidente de la República (y algunos de sus secretarios) con representantes destacados de los medios de comunicación haya estado ausente toda referencia a las implicaciones del alza en los precios de la gasolina más allá del apuro fiscal. Estuvieron ausentes el Secretario de Semarnat (medio ambiente y cambio climático) y la Secretaria de Sedatu (desarrollo urbano, transporte público, ciudades densas y compactas), al igual que el Secretario de Economía (industria automotriz, eficiencia energética de los vehículos, competitividad industrial), el director del Conacyt (desarrollo tecnológico), el director de Banobras (fondo de fomento y financiamiento al transporte público en las ciudades). No hubo razonamientos orientados al cambio en la matriz energética del transporte, ni a la conveniencia de elevar la competitividad de nuestra economía a través de reducir el ISR a las empresas y a los trabajadores sustituyendo la recaudación con un mayor IEPS a las gasolinas y diesel.

El gobierno tuvo que haber ensamblado su discurso con estos y otros elementos, suavizar el impacto con un programa nacional de transporte público urbano, y dejar muy claro que debemos esperar en el futuro gasolinas cada vez más caras, para alinear en consecuencia expectativas y decisiones de consumidores y empresas.