El Corredor (Cultural) Chapultepec (CCCH) ha sido revelador y deja duras lecciones, más allá de sus vicios o virtudes urbanísticas.

La suma de los intereses locales, de vecindario o de grupo en una gran ciudad no equivale al interés colectivo. Tomar decisiones importantes para la ciudad obedeciéndolos a ciegas significa abdicar de responsabilidades de gobierno en cualquier democracia representativa. (Más aun, en este caso, con 95% de abstención en la consulta).

La ciudad es un enorme y complejo ensamble de bienes públicos y un intrincado tejido de externalidades, y no debe gobernarse con decisiones parceladas, sectorial o territorialmente. La ciudad exige una visión o proyecto coherente de largo plazo como brújula para todo gobierno que trascienda. Sin embargo, no hay proyecto ni visión posibles si el ejercicio de gobierno se orienta por acciones parroquiales a través de consultas a vecinos. Entonces, todo vale; es el gobierno de la ocurrencia. El resultado negativo en la consulta del CCCH más la reacción indiferente y contradictoria del GDF lo acreditan. El emperador ha quedado desnudo. ¿A qué proyecto de ciudad correspondía el CCCH? A ninguno. Esta idea parcelaria y reduccionista de la ciudad ahora nos queda claro tiene su expresión más refinada en la reforma política que fracturará y balcanizará a la ciudad en alcaldías, multiplicando los nichos de cacicazgo y corrupción, y la alejará aún más de una gestión integrada y orgánica.

El espacio público es ámbito de desgobierno en la ciudad. Conculcado y degradado por el ambulantaje y microbuseros todopoderosos e impunes y sus miasmas; por manifestantes acarreados y rentistas; por el vandalismo y la incuria (Chapultepec, Plaza de la República, paraderos de micros, estaciones del metro, parques, aceras, plazas). No hay responsables ni políticas funcionales, ni presupuestos, menos, dientes para defenderlo; sólo una vaporosa y raquítica Autoridad del Espacio Público, sin facultades ni recursos.

Gran parte de los dineros del erario en la ciudad, bajo gobiernos de izquierda, han ido a parar a programas de subsidio, apoyos y rentas a clientelas políticas y sociales. Se trata de un gobierno legitimado en el contrato privado con beneficiarios individuales; no en un contrato público sobre bienes públicos. La calidad de lo público determina la calidad de la convivencia y cohesión social, y es la compensación más eficaz a la pobreza; no los subsidios. Sin embargo, se niega un presupuesto decente para lo público: espacio colectivo, equipamiento, mantenimiento, infraestructura, transporte, educación, seguridad, aseo y belleza.

Esa es la razón por la cual el GDF decidió emprender el CCCH con inversión privada, que obviamente requiere fuentes de repago; de ahí su diseño y fórmula de concesión a largo plazo. A muchos les indignó la privatización, quienes curiosamente no alzan la voz contra la privatización y envilecimiento más ostensibles de los bienes y espacios públicos de la ciudad, por parte de mafias de ambulantaje; además, raíz de una extensa hiedra de corrupción en gobiernos delegacionales. Les indigna la privatización formal y pulcra, no la privatización lumpen y mafiosa.

Los liderazgos formales del GDF no se comprometieron con el CCCH; de hecho, no se involucran casi en ningún proyecto urbano. Les parece poca cosa; eluden a la verdadera ciudad y a sus problemas cotidianos, a sus avenidas, pavimentos, banquetas, árboles, parques, plazas, escuelas, sistemas de transporte, espacios públicos, servicios, cultura, valores escénicos, condiciones de seguridad e infraestructuras. Les rehúyen siempre que pueden; no siempre lo logran. Están por encima de la ciudad, lejanos, sin compromiso. Los vemos absortos en apoyos sociales , en promover por decreto alzas de salarios, y en entelequias constitucionales que no corresponden a la vida pública real de la ciudad. La ciudad sólo es un púlpito, desde donde intentan predicar a la Nación.