La política de competencia es un instrumento que los gobiernos emplean para prevenir y sancionar conductas empresariales que pudieran afectar el adecuado desempeño de los mercados. En la mayor parte de las jurisdicciones, hay el propósito de emplear esta política con un enfoque de mejora de los consumidores e incluso de búsqueda de una mayor eficiencia.

El control de fusiones y adquisiciones es el procedimiento que representa la mayor parte de los expedientes que las comisiones de competencia atienden. Se trata también del procedimiento en el que las autoridades han sido más exitosas en desarrollar metodologías más o menos estandarizadas y en el que se tiene un catálogo de mejores prácticas aceptado por la comunidad que se dedica a estos temas.

Incluso, hay esfuerzos encabezados por las autoridades de los Estados Unidos, para proponer principios de armonización que permitan dar un tratamiento unificado a asuntos que tienen efectos transfronterizos. Ejemplo de ello, es la reciente emisión por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y de la división antitrust del Departamento de Justicia (DOJ) de nuevos lineamientos para la aplicación de las disposiciones de competencia y la colaboración internacional.

En este contexto, hace unos días trascendió que Donald Trump sostuvo una reunión con directivos de las trasnacionales Bayer y Monsanto, con quienes discutió los términos de la posible concentración entre ambas, operación que se encuentra bajo el análisis de las agencias de competencia de diversos países desde hace varios meses. De acuerdo con lo divulgado por el equipo de prensa de quien en ese momento era presidente electo, en la reunión se discutió la inversión de miles de millones de dólares en actividades de investigación y desarrollo en los Estados Unidos, así como compromisos de generación de empleos si la operación es autorizada.

Las autoridades de competencia de Estados Unidos, el DOJ y el FTC, se han caracterizado por la alta calidad de su trabajo técnico y por ser líderes en la materia. No obstante que en su conformación existe un componente político, las agencias se destacan por desarrollar su trabajo con base en elementos técnicos y con un enfoque de bienestar de los consumidores y búsqueda de eficiencia.

La noticia de la reunión de Trump con los directivos no debe pasar desapercibida. Las agencias de competencia, al menos las de países desarrollados, no persiguen objetivos de política industrial. Tampoco es usual una reunión de esta naturaleza, sobre todo cuando se trata de una posible concentración que se encuentra bajo análisis de las autoridades correspondientes.

Hace años escuché de un alto funcionario de una de las agencias norteamericanas, la historia de cómo se había conducido Ronald Reagan cuando durante su presidencia, el DOJ acordó proceder a la separación del sistema AT&T y la desinversión de siete compañías de telefonía local (las Baby Bells). Se dice que Reagan recibió a los altos funcionarios del DOJ, a quienes les solicitó información del caso y cuestionó si estaban seguros de que la desinversión era la única alternativa para atender el problema de competencia que enfrentaban. Ante la respuesta afirmativa, Reagan solicitó únicamente que se tuviera cuidado de que la decisión estuviera apegada a la ley.

Esta historia contrasta con lo que se vislumbra será la política de competencia en la era Trump. No solamente se espera que los designados para cubrir las vacantes en el DOJ y el FTC serán de una orientación liberal, sino que también se espera la intromisión directa de la Casa Blanca en asuntos relevantes.

Así, probablemente la política de competencia retrocederá y se convertirá en un auxiliar de las políticas de Trump para proteger sus mercados de la competencia de otros países y para forzar la inversión y creación de empleos en territorio norteamericano.

*Excomisionado de la COFECE y profesor universitario.