El tema del salario estuvo presente durante toda la administración anterior. Gracias a la presión de la izquierda se pudo retirar el mínimo como instrumento para indexar o incorporar la inflación a multas, tarifas públicas, premios, prerrogativas, etcétera. Sin embargo, a pesar de que muchos actores apoyaban un incremento sustancial del salario mínimo, el gobierno de Peña promovió incrementos limitados. Perdió la oportunidad de concretar una medida que conectara con las necesidades reales e inmediatas de la gente.

Prevaleció la idea de que incrementar el mínimo tendría efectos inflacionarios mayúsculos, ya que el nivel del aumento serviría de referencia para todas las negociaciones salariales, lo que generaría una bola de nieve de precios. Es algo que no está ocurriendo en México después del incremento, ni en países en los que se decidió retomar el mínimo como instrumento para incrementar los ingresos laborales de las personas menos remuneradas. Por el contrario, el resultado será que millones de personas que ganan un salario mínimo, o dos, puedan recibir todos los días recursos adicionales que les van a ayudar a escapar de la pobreza, ya que van a incrementar su consumo de bienes como alimentos, medicamentos, transporte público, educación, vestimenta y otros que pueden hacer una diferencia en su calidad de vida. Todo eso no va a representar un costo adicional de mayor importancia para las empresas, pues se trata de un porcentaje relativamente menor de la masa salarial.

El incremento del mínimo se suma al paquete de programas sociales que va a incrementar los recursos de estudiantes, de adultos mayores y jóvenes que no tienen empleo; lo que va a reducir, de manera importante, la pobreza y la desigualdad. Va a reducir la deserción escolar y otorgar a millones de jóvenes un primer empleo formal, que les dará la oportunidad de construir una trayectoria laboral. Ése es el mandato y la gran apuesta de la actual administración. Todo esto se está haciendo con prudencia, con finanzas públicas equilibradas, lo que permite que esta política social sea sustentable, sin el riesgo de crisis financieras o hiperinflaciones.

Para realizar un cambio radical del gasto fue necesario hacer recortes en temas como el gasto burocrático, pero también en otras áreas, que tendrán que recuperar su nivel presupuestario en los próximos años, pero cuyo gasto se requiere reducir o no incrementar para privilegiar los programas de alto impacto social. Esto va a ser bueno para millones de mexicanos y para el país, para la democracia, ya que el cambio político se va a traducir en apoyos a las personas que requieren de políticas para superar sus retos de vida. Es decir, en el caso mexicano, la democracia va a significar inclusión y, por tanto, va a ganar legitimidad y estabilidad. Ahora sí que, por el bien de todos, primero los pobres.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.