Para terminar con la impunidad de miles evasores, no se requiere de una reforma a las leyes vigentes. Lo que se necesita es aplicar la normatividad que ya existe.

En contra de mi voluntad, por desgracia tuve boca de profeta. En ocasión del nuevo reglamento de tránsito emitido por el entonces regente Miguel Ángel Mancera, opiné en este espacio que dicho ordenamiento sólo serviría para elevar el monto de las mordidas. La palanca fundamental ha sido la amenaza de que las infracciones implican que el vehículo vaya al corralón. Y acto seguido se consuma la consabidísima extorsión. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la ha sufrido? El episodio viene a cuento en razón de que ilustra lo que muy bien puede pasar como consecuencia de la iniciativa que ha surgido en la Cámara de Senadores para darle mayor punitividad al delito de fraude fiscal. Mi sospecha es que esa normatividad más estricta para castigar la creación de empresas fantasma y la expedición de facturas falsas tan sólo será un gran filón para engordar las cuentas bancarias de los inspectores del Servicio de Administración Tributaria y de los auditores fiscales. ¡Ancha es Castilla para cabalgar Sancho!

No hace mucho el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, explicó que la evasión fiscal le cuesta al país alrededor de 4% del Producto Interno Bruto. Y como el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía, por fortuna, le hace caso al ministro Carlos Urzúa —pobre de México el día que deje de ocurrir— seguramente de Palacio Nacional vino la instrucción para que en la Cámara de Senadores se preparara la iniciativa que aquí se comenta a cargo del legislador de Morena, Alejandro Armenta.

Con todas las buenas intenciones que seguramente animan a ese senador y a otros de su bancada que lo secundan en la mencionada iniciativa, me parece un error su lanzamiento. No es la promulgación de leyes más estrictas lo que previene la delincuencia y la corrupción. Con lo que se necesita acabar es con la impunidad. Ahí es donde está la clave para combatir con eficacia la evasión fiscal. Y para terminar con la impunidad de miles de evasores no se requiere de una reforma a las leyes vigentes. En éstas, señor senador Armenta Mier y colegas que lo secundan, ya se encuentra penalizado el delito de evasión mediante la adquisición de facturas apócrifas y de empresas fantasma. Lo que se necesita hacer es aplicar esa normatividad. ¡Nada más, pero nada menos!

Por lo anterior, explicó un experto que la reforma en preparación “podría parecer reiterativa”.

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Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico