El gobierno acumula fracasos y va dejando una cauda de ruinas y escombros. Es difícil identificar algo en lo que se noten avances y logros. Los saldos rojos en menos de un año ya son alarmantes, en seguridad, economía, infraestructura, educación, salud, medio ambiente, energía, división de poderes, derechos humanos, administración pública, y política exterior. Lo ocurrido hasta ahora, proyectado, apunta a escenarios realmente inquietantes y trágicos en el mediano plazo. Las decisiones en el sector energía son particularmente erráticas y contrarias a la inteligencia pública; el país ha sufrido un torrente abrumador de ineptitudes, ocurrencias y caprichos. La lista es kilométrica, pero es importante llevar a cabo un inventario de pasivos, producto de la ineptitud, la ignorancia, la improvisación, el resentimiento, y/o el delirio ideológico. Sobresale la construcción de una absurda refinería en un sitio imposible con graves e irreversibles impactos ecológicos, y el costoso y deliberado daño a la refinería de Salamanca por cargas de crudo pesado; la inefable “descentralización” de Pemex a Ciudad del Carmen, la coartada del huachicol, y la turbia adquisición de pipas para el transporte de combustible. Destaca también un pésimo Plan de Negocios de Pemex que fue el hazmerreír de los analistas, y la consecuente reducción en su calificación crediticia. No deben obviarse astronómicas y obsesivas transferencias presupuestales a Pemex, y las pérdidas descomunales en esa empresa productiva del Estado durante el primer semestre del año. Mencionemos igualmente el disparatado conflicto por gasoductos con empresas extranjeras, donde el gobierno acabará pagando más a valor presente neto. Téngase en cuenta de la misma forma la suspensión de rondas petroleras, y la prohibición de asociaciones (farmouts) de Pemex con empresas privadas, así como el abandono de la exploración en aguas profundas, la prohibición de actividades de fractura hidráulica (fracking), y hoyos presupuestales crecientes por subsidios fiscales a gasolinas.

En el sector eléctrico las cosas marchan quizás peor, si es que eso es posible, ante la cancelación de subastas de energía limpia y renovable que eran el motor de la transición energética, y el relanzamiento de la generación de electricidad con carbón, más la rehabilitación de centrales obsoletas de combustóleo altamente contaminantes. Una negra sorpresa fue por otro lado la cancelación de líneas de transmisión para enlazar Baja California y la península de Yucatán con el sistema eléctrico nacional, algo fundamental para el desarrollo de las energías limpias solar y eólica. Debe recordarse el descabezamiento de la Comisión Reguladora de Energía, y por otra parte, la destrucción del mercado de Certificados de Energía Limpia (CEL) y el consecuente aborto de más de 9,000 millones de dólares de inversión en centrales eléctricas renovables. En efecto, contrariamente a la letra y al espíritu de la ley, la Sener en días pasados decretó de manera fraudulenta el otorgamiento de CEL a todas las centrales antiguas (legadas) hidroeléctricas y nucleares de CFE, con lo cual se derrumba el precio de los CEL, y desaparecen incentivos para la inversión en energías renovables.

Una decepción profunda ha causado por su lado el repudio a la ley en lo que respecta a metas de generación de electricidad con energías limpias, y en consecuencia el abandono tácito del Acuerdo de París en materia de cambio climático. En el paroxismo de incompetencia fanática, el gobierno no ha ocultado sus intenciones de contener a la inversión privada en energía y de restablecer el poder monopólico de Pemex y de la CFE, desmantelando en los hechos la reforma energética, e imponiéndose a sí mismo de manera innecesaria una inviable carga de gasto público. Así, el gobierno abre compulsivamente nuevos frentes de gasto, además de los subsidios astronómicos que otorga a clientelas políticas a partir de “programas sociales”. No habiendo renta petrolera significativa (como en Venezuela) ni tampoco los “500,000 millones de pesos que se robaban”, todo ello se financia con la demolición de la administración pública y de servicios públicos, y con despidos, recortes, reducción de salarios, y eliminación de instrumentos de seguridad social, como el Seguro Popular, en particular del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (enfermedades cardiovasculares, cáncer, y otras). Desde luego, esto es insostenible.

El frenesí de destrucción e irracionalidad no tiene precedente, no sólo en México, sino probablemente en el mundo civilizado. Lógicamente, la inversión extranjera directa en el sector eléctrico se desplomó en el primer semestre del año, de más de 3,000 millones de dólares en el 2018 a menos de 1,000 en el 2019. Falta contabilizar los efectos de la cancelación de la cuarta subasta de energías limpias y de los grandes proyectos de transmisión de corriente directa. Todo ello contribuye a debilitar la confianza y la certidumbre jurídica y económica, y a la contracción de la inversión productiva, que ya se manifiesta en una recesión clara a partir del tercer trimestre del 2019. Se trata de la primera crisis económica autoinducida por un gobierno en la historia moderna de México.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.