El sector de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los sectores fundamentales para las economías del mundo y son un servicio prioritario a lo largo de las cadenas de valor de prácticamente todas las demás industrias. Por ello, el diseño institucional de su regulador se ha vuelto especialmente importante.

En México se han presentado iniciativas que pretenden modificar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) o incluso crear un nuevo organismo regulatorio.

Para el caso específico de la industria de las telecomunicaciones se deben considerar las características propias de ésta al diseñar un organismo regulador. La literatura menciona que las empresas de servicios públicos en general y las de telecomunicaciones en particular tienen tres características que deben ser consideradas al momento de regular sus mercados:

  1. Importantes economías de escala y de alcance.
  2. Activos muy específicos y no reutilizables.
  3. Usuarios casi totalmente domésticos.

Estos factores usualmente derivan en alta concentración de los mercados por unas cuantas empresas, lo cual vuelve aún más relevante su independencia frente a sus regulados y al gobierno, con el fin de evitar el uso de la regulación para fines privados. Así, la regulación efectiva del sector a través de una burocracia pública e independiente para tomar las decisiones pertinentes se vuelve de una importancia vital que repercute en beneficios sociales mayores que los beneficios privados derivados de su operación.

En los últimos años, se ha privilegiado la independencia plena como una mejor opción frente a otros mecanismos institucionales. Típicamente se ha separado una secretaría o ministerio y se le han asignado funciones, autonomía y un presupuesto con el fin de que estén separados del Poder Ejecutivo.

Se ha demostrado que cuando los organismos reguladores en otros ámbitos (supremas cortes de justicia, organismos electorales) se componen de varios miembros, las decisiones que toman tienden a ser más independientes de presiones gubernamentales o económicas; este hallazgo se puede extender a los reguladores de telecomunicaciones.

Es cierto que el diseño de reguladores no debe ser uniforme entre países, ya que cada nación cuenta con particularidades en sus sistemas de gobierno, sus instituciones e incluso sus tradiciones que impiden la aplicación de un mismo molde. Aun así es importante reconocer los aciertos que han tenido algunos países como Estados Unidos y el Reino Unido al establecer un regulador de telecomunicaciones independiente y con fuerza para imponer sus decisiones en beneficio de los consumidores. Esta pluralidad contribuye con la autonomía, ya que cuando las decisiones son tomadas entre varias personas es menos probable que exista algún tipo de captura.

En el caso de México, la autonomía está garantizada en la ley, aunque constituye únicamente un primer paso y no siempre tiene los efectos deseados. Esto se debe a que el sector de las telecomunicaciones mexicano enfrenta actualmente una doble ventanilla , ya que no es claro qué trámites, servicios u ámbitos son competencia de la Cofetel y cuáles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esto tiene efectos negativos en el desempeño del sector y reduce el impacto del regulador autónomo.

Así, el desempeño del regulador será medido en función tanto del valor del mercado nacional de telecomunicaciones, como en la penetración, cobertura y precios de los mismos.

Con todo, es importante para los gobiernos tomen en cuenta estos resultados, con el fin de establecer agencias reguladoras que cumplan cabalmente con sus objetivos, libres de presiones e intereses y que operen siempre en beneficio de los consumidores y de su país.