Se acerca el 4 de julio y se encienden los focos rojos por el impacto de la narcoviolencia en los comicios. En hechos recientes, destacan los asesinatos del candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas; del líder del Congreso guerrerense y aspirante perredista a la gubernatura del estado, y de dos activistas de derechos humanos en una emboscada en Oaxaca.

A ello hay que sumar las renuncias de candidatos a alcaldías y diputaciones, y la intención de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática de cancelar campañas en algunos municipios por problemas de seguridad.

Ante este escenario, resulta sorprendente la tibia reacción de la clase política y de la sociedad. Preocupa además la miopía, por decir lo menos, frente a las agresiones directas del narco a la democracia.

Es inevitable con todo esto preguntar si habrá condiciones de seguridad en ciertos municipios de Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas o Sinaloa para celebrar las elecciones. Porque no se trata sólo de candidatos y sus familias, o de actos de campaña, sino de miles de funcionarios de casilla que prestan un servicio ejemplar al país en cada elección y de cientos de miles de ciudadanos que esperan acudir a las urnas.

La percepción generalizada de que la guerra contra el narco es sólo del gobierno es un gran triunfo para la delincuencia. Es decir, se puede o no estar de acuerdo con la estrategia calderonista, pero la crítica tiene límites objetivos: la muerte de un candidato, la renuncia de algún otro aspirante por amenazas del crimen organizado o el miedo de hacer campañas e ir a votar afecta a todos los partidos de igual manera.

Una cosa es cuestionar la estrategia del gobierno en la lucha contra el crimen organizado y otra muy diferente es pretender que la amenaza no existe.

No nos engañemos. La violencia del crimen organizado atenta contra el presupuesto básico de la vida democrática: la posibilidad de votar y ser votado en paz y libertad.

Pero éste es el mensaje que no ha permeado en nuestro país y que el gobierno ha sido incapaz de transmitir.

Quedan para registro las recientes palabras del expresidente colombiano, Ernesto Samper: La guerra contra el narcotráfico en México es del Estado y no sólo de su Presidente; es la guerra del Estado de Derecho mexicano, no de Calderón. Si pierde Calderón, la pierden todos los mexicanos".

Así o más contundente queremos la advertencia.

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